Una de las principales mineras canadienses del sur de México está tratando de evitar el cierre sin precedentes de su mina de plata de 10 años de antigüedad, después de que la expiración de su permiso medioambiental el mes pasado la dejara en el limbo.

El posible cierre de la mina San José, operada por una unidad local de Fortuna Silver Mines, forma parte de una prolongada lucha por el proyecto que podría enfriar el apetito de los inversores en México, el mayor productor de plata del mundo y uno de los diez primeros mineros de más de una docena de otros metales, incluido el oro.

Aunque la mina San José lleva en funcionamiento desde 2011, su principal autorización ambiental expiró el 23 de octubre, a pesar de los esfuerzos de la empresa desde mayo para solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la aprobación de una prórroga de 10 años. Una reciente orden judicial permite que la mina siga funcionando, pero solo de forma temporal.

Este enfrentamiento pone de manifiesto lo que muchos líderes de la industria consideran la resistencia del gobierno al crecimiento del sector y sus vínculos con los activistas antimineros.

El año pasado, San José fue el séptimo mayor productor de plata de México, responsable de 6,2 millones de onzas, junto con casi 38.000 onzas de oro.

Fortuna ha invertido unos 350 millones de dólares en la mina subterránea del estado de Oaxaca, donde emplea a 1.200 trabajadores. Fortuna también opera minas en Argentina, Burkina Faso y Perú.

Fuentes con conocimiento del asunto dijeron a Reuters que, a pesar de las continuas reuniones entre funcionarios del gobierno y ejecutivos de la empresa, el futuro de la mina sigue en duda.

El Ministerio de Medio Ambiente emitió el jueves un comunicado en el que afirmaba que trabajaría para organizar la consulta a las comunidades indígenas zapotecas cercanas como parte de la autorización ambiental solicitada para la mina. Esto permitiría a estas comunidades decidir “sobre su territorio”, impulsando la protección del medio ambiente mediante la participación de todas las partes interesadas, añadió.

El ministerio se comprometió a ser imparcial, pero no dio detalles sobre el calendario de la consulta, ni dijo si la mina podría seguir operando mientras sigue adelante.