La Reforma constitucional que deja en manos del gobierno la explotación del litio va a obligar al Estado a subcontratar a empresas privadas para obtener el mineral, pues no cuenta con los recursos suficientes para el negocio y el cuidado ambiental, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“No tiene la infraestructura, es muy probable que contrate a empresas privadas para explotar el litio. Al final, el Estado tendrá que recurrir a ellas, ya sean mexicanas o extranjeras para aprovechar al máximo la industria”, dijo Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex, en entrevista con El Heraldo de México.
Afirmó que los privados tienen más experiencia y la mejor tecnología para explotar este material.
“Las empresas que subcontraten deberán tener las mejores tecnologías de minería disponible para no afectar el medio ambiente. Específicamente, en la utilización de agua y de respeto y cuidado a la flora y fauna de los ecosistemas que hay alrededor”, informó.
Además, consideró que de aprobarse la Reforma en sus términos se detendrá la inversión en exploración minera, por la incertidumbre de que cualquier mineral resulte estratégico para el Estado.
Con esto se pone en riesgo de desaparecer a la industria minera establecida y se perderán 380 mil 800 empleos directos y 2.2 millones indirectos, advirtió.
También, impactaría a 696 comunidades con actividad minera que se encuentran, en su mayoría, en zonas remotas de 212 municipios en 24 estados de la República.
“Se verán afectados en su desarrollo social, en los que la industria ha invertido seis mil 543 millones de pesos”, indicó.
Por otro lado, el experto consideró que la desaparición de los organismos reguladores, planteada en la Reforma, va a eliminar la competencia en el sector e incrementará las ineficiencias en los mercados.
“La CRE, por ejemplo, tiene la función crítica de establecer reglas claras y promover la certeza legal y regulatoria en el mercado energético como un ente autónomo con la facultad de otorgar permisos y establecer tarifas”, mencionó.
Con esto también se violarían las disposiciones del T-MEC, pues México se comprometió a contar con organismos autónomos que den certeza a las inversiones de los países socios del tratado comercial.
Consideró que la Reforma genera desconfianza en la industria privada, al no tener seguridad sobre el destino de sus capitales.
“Se envía la señal de que las inversiones en México pueden ser objeto de cambio en las reglas establecidas, lo que les resta certeza jurídica y aumenta el riesgo como país”, destacó.
Además, advirtió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería el único comprador de electricidad, es decir un monopsonio, y el único vendedor, por lo que desvirtuaría la eficiencia en el mercado eléctrico mayorista al ser juez y parte.
“Dentro del mercado eléctrico, sería la CFE quien decidiría el orden de despacho privilegiando siempre su electricidad con base en los combustibles contaminantes provistos por Pemex”, añadió.
La Reforma propone no otorgar nuevas concesiones para extraer litio, aunque se van a respetar los permisos que ya fueron aprobados con anterioridad.
Los permisos de generación eléctrica y los contratos otorgados de compraventa con el sector privado serían cancelados, así como las solicitudes pendientes de resolución.
El Ejecutivo federal plantea la creación de un nuevo Sistema Eléctrico Nacional, y que la CFE se convierta de esta manera en el organismo responsable de su planeación y control.
Hernández dijo que al desplazar a las fuentes de energía limpia, la Reforma está en contra de lo establecido en el artículo 4° constitucional, que decreta que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
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