La reforma obligaría a optar por la importación de minerales, lo que aumentaría el precio de los productos que los utilizan como insumos para su fabricación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una nueva iniciativa de reforma que repercute directamente a la industria minera en México, pues implica la reducción en el tiempo de las concesiones de 50 a 15 años, lo que, desde la perspectiva del sector, causará efectos negativos no solo en las cifras de inversión, sino también en el precio de los productos que llegan al consumidor final.
La Cámara Minera de México (Camimex), que representa a 59 grupos empresariales que concentran el 93% de la producción minerometalúrgica, ya se encuentra haciendo un análisis de la iniciativa, que espera sea motivo de “una discusión legislativa amplia, incluyente e informada”.
“Camimex está analizando su contenido y el alcance de los cambios legales propuestos, en tanto que notoriamente implican fuertes repercusiones para el desarrollo del sector minero y de otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas, con importantes impactos y consecuencias para la economía nacional y el bienestar social en el país”, aseguró el organismo en un documento proporcionado a Expansión.
La situación se da en medio de un entorno de recortes en las inversiones, que cayeron 27.8% entre 2018 y 2020 al cerrar en 3,532 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
Si bien, la inversión en 2021 alcanzó la cifra de 4,810 millones de dólares, esto se debió más al levantamiento de las restricciones de movilidad por la pandemia por covid-19, por lo que, con la propuesta reciente del Ejecutivo Federal, el panorama luce desalentador.
Armando Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgitas y Geólogos de México, explica que, al reducir los plazos de las concesiones, las empresas empezarán a apostar por proyectos mineros más pequeños, lo que reducirá el tamaño de la industria en el país.
La propuesta contempla ampliar las concesiones sólo una vez, por un periodo extra de 15 años, lo que pone en una situación complicada el desarrollo de la actividad, ya que tan solo los períodos de exploración para encontrar posibles yacimientos pueden llevar entre 10 y 15 años.
“Si te dan una concesión de 15 años, a lo mejor apenas estás terminando de descubrir el yacimiento y no sabes si lo vas a poder explotar. ¿Qué va a pasar al fin de los 30 años? ¿No vas a tener posibilidad de seguir explotando aunque haya el mineral ahí?”, señala.
La iniciativa surge en medio de la búsqueda de las industrias por esquemas de producción y movilidad más amigables con el medio ambiente. La Agencia Internacional de Energía refiere que, además de litio, para la producción de un vehículo eléctrico se necesitan cerca de 55 kilos de cobre y otros 50 de níquel, lo que hace indispensable al suministro de estas materias primas.
La industria eléctrica, electrónica y química, por mencionar algunas, también dependen en gran medida de estos insumos. La propuesta obligaría a las empresas a optar por la importación de los minerales, lo que impactaría en los precios de los productos que llegan al consumidor final con un alza de hasta 30%, calcula Alatorre en una primera previsión.
“Piensa en el flete. Si hay que traer un mineral de África, China o Chile, simplemente ¿cuánto cuesta transportarlo y quién va a pagar ese aumento de precio? Esto va a traer un efecto dominó en la industria, de caída, de contracción, de aumento en precios, que no lo vamos a ver mañana, se irá dando de forma paulatina en los próximos años”, añade.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México también manifestó su preocupación en torno a la propuesta, de la que teme impactos negativos a la industria, ya que, asegura, pone en riesgo su subsistencia y continuidad.
El organismo destacó la necesidad de revisar y comentar los cambios propuestos, ya que tal como están planteados “pretende modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones, lo que podría generar la salida de capital a gran escala y decrecimiento de la industria minera”, aseveró.
Fuente: expansion.mx
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