El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado un claro mensaje al sector energético con una serie de reformas ambiciosas que buscan restringir significativamente la participación del sector privado en la industria. Estas propuestas, presentadas ante el Congreso el lunes pasado, incluyen medidas drásticas como la eliminación de la opción para que el Estado suscriba contratos con empresas privadas en el ámbito eléctrico, así como la prohibición del controvertido método de fracturación hidráulica, conocido como fracking, para la extracción de gas natural. Además, el mandatario no está dispuesto a otorgar nuevas concesiones de minería a cielo abierto.
La iniciativa más destacada propone modificar artículos clave de la Constitución relacionados con las industrias estratégicas del Estado, particularmente en el ámbito eléctrico. Se pretende redefinir el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), retirando su clasificación como empresa productiva del Estado, lo que tendría implicaciones importantes en la gestión de su presupuesto. Asimismo, se busca garantizar que el servicio de internet proveído por el Estado sea considerado estratégico, con el objetivo de evitar la formación de monopolios y preservar la seguridad nacional y soberanía.
Estas propuestas llegan en un momento crucial, después de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021. López Obrador está determinado a reafirmar el control estatal sobre el sector energético, argumentando que es necesario garantizar la seguridad y autosuficiencia energética del país, así como proporcionar electricidad a precios accesibles para el pueblo, sin permitir el lucro desmedido.
En otra iniciativa relacionada con el medio ambiente y el derecho a una alimentación saludable, el presidente propone medidas adicionales para proteger los recursos naturales y la salud de la población. Esto incluye la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto, así como la limitación de las concesiones de explotación de agua en áreas con escasez. Además, López Obrador busca declarar a México libre de maíz genéticamente modificado, reafirmando la importancia del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional.
Estas reformas han generado un intenso debate en el país, con opiniones encontradas sobre su impacto en la economía y el medio ambiente. Mientras algunos apoyan la visión del presidente de fortalecer el control estatal sobre los recursos energéticos y proteger el medio ambiente, otros advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión y la competitividad del sector. Sin embargo, lo que queda claro es que López Obrador no está dispuesto a ceder ante las presiones del sector energético y está decidido a avanzar con su agenda de transformación radical en este ámbito crucial para el desarrollo del país.
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