El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado ante el parlamento una serie de reformas constitucionales que incluyen una polémica propuesta: modificar el Artículo 27 para prohibir la minería a cielo abierto en el país.
La propuesta de López Obrador busca prohibir la concesión de nuevas operaciones de minería a cielo abierto, así como las actividades relacionadas con la exploración, explotación, beneficio o uso de minerales, metales o metaloides mediante este método.
El presidente argumenta que la minería a cielo abierto causa graves daños ambientales y agota de manera excesiva los recursos hídricos, los cuales podrían destinarse a comunidades con escasez de agua. Según su propuesta, esta práctica vulnera los derechos humanos al afectar el derecho a un medio ambiente sano y a una buena salud, principalmente en las comunidades cercanas a las zonas de extracción.
Cabe destacar que la propuesta no aborda la minería subterránea, lo que sugiere un enfoque específico hacia las operaciones a cielo abierto.
Esta medida ha generado tensiones entre el gobierno mexicano y los grandes actores de la industria minera, dado que muchas de las minas más importantes del país utilizan el método de minería a cielo abierto. México alberga un total de 264 minas de este tipo, ubicadas mayormente en Chihuahua, Zacatecas, Sonora y San Luis Potosí.
Empresas líderes como Buenavista del Cobre de Grupo México, Peñasquito de Newmont Goldcorp y unidades de oro-plata de Fresnillo son solo algunas de las que se verían afectadas por esta propuesta.
Desde que asumió el cargo en 2018, la administración de López Obrador ha evitado otorgar nuevas concesiones mineras mediante mecanismos no respaldados por una ley específica, lo que ha generado incertidumbre en el sector minero.
Esta propuesta se suma a una serie de reformas legislativas que han complicado el panorama de inversión en el país, como la aprobación acelerada de una nueva ley minera en mayo de 2023, sin la presencia de legisladores de oposición.
Las reformas a la ley minera establecen requisitos adicionales para las empresas, como consultas previas, estudios de impacto ambiental y concesiones de agua, así como compromisos financieros y una reducción en el tiempo de tenencia de las concesiones mineras.
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