La reforma constitucional sobre la industria eléctrica puede ser la antesala para la creación de una nueva empresa estatal dedicada a la producción de litio.

El gobierno mexicano quiere cerrar las puertas a la inversión privada para la explotación del litio. Esto ha quedado claro en el proyecto de reforma constitucional sobre la industria eléctrica enviado este viernes al Congreso: en él se solicita considerar el litio como “un área estratégica del Estado”, una condición que ya tienen el petróleo y la electricidad. Con este nuevo estatus, el gobierno mexicano busca ejercer de manera exclusiva el derecho de explotar los yacimientos de este metal que hay en el país y que es considerado el nuevo oro blanco. Se trata de un recursos cada vez más valioso, pues se emplea para la fabricación de baterías de celulares y autos.

De aprobarse la reforma eléctrica, los inversionistas privados ya no podrán solicitar concesiones para la explotación de yacimientos de litio en México. “Ya no se van a entregar concesiones”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Sin embargo, Bacanora, la única mina con operaciones que existe en el país y que es propiedad de la empresa china Ganfeng Lithium, no se expropiará.

En México hay 36 proyectos mineros de litio, todos ellos financiados con capital extranjero y controlados por 10 empresas, según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera y de la Secretaría de Economía. La mayoría son pequeñas compañías canadienses que buscan generar interés en el mercado y captar recursos de los inversionistas. Pero realmente solo hay tres firmas que están activas en este sector y avanzando en sus proyectos: Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium.

En mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Estado mexicano estaba considerando “asumir un papel más importante” en la producción de litio, argumentando que las empresas estaban utilizando concesiones mineras para la especulación, en lugar de para extraer el metal.

Si la reforma prospera, las empresas a las que les fue otorgada una concesión en los años previos tendrán que demostrar que efectivamente han invertido en labores de exploración y explotación. Aunque en el país hay 36 proyectos en manos de 10 empresas, “solo hay ocho (empresas) que han manifestado tener explotación y querer invertir en extraer el litio”, dijo López Obrador. Una de ellas es Bacanora, propiedad del conglomerado chino Ganfeng Lithium.

La mina de litio de Bacanora en Sonora

Bacanora Lithium posee tres concesiones en Sonora y ha invertido 50 millones de dólares en estudios de viabilidad y una producción piloto. Hasta ahora, es el único proyecto de litio con frutos en México. “Este sí es un proyecto real, no es especulación", dijo una persona con conocimiento del proyecto a principios de año, en una entrevista con Expansión.

La explotación del yacimiento de Sonora fue adjudicada a Bacanora Lithium hace una década, durante el gobierno de Felipe Calderón.

En 2018, la compañía pronosticó una producción de 17,500 toneladas de carbonato de litio para 2020. El objetivo, sin embargo, sufrió retrasos y la estimación actual de la empresa es que la producción comenzará en 2023 y aumentará hasta 35,000 toneladas anuales. La compañía prevé invertir hasta 2,000 mdd más en los próximos 10 años.

La china Ganfeng Lithium, que este año se hizo de la totalidad del capital social de la compañía británica Bacanora Lithium, abarca una amplia extensión de la cadena de suministro de baterías de iones de litio, incluido el desarrollo de recursos, refinado y procesamiento de litio (75% de sus ingresos totales), fabricación de baterías (17%) y reciclaje de baterías y otros (8%), según datos de la empresa retomados por la firma de análisis Global X ETFs.

¿Una nueva empresa estatal a la vista?

La reforma constitucional sobre la industria eléctrica puede ser la antesala para la creación de una nueva empresa estatal que esté enfocada en la producción de litio y que, junto con Pemex y CFE, permita al Estado mexicano controlar todos los recursos y la infraestructura energéticos en el país.

Pero México tendrá que buscar aliados dentro del sector privado para desarrollar una industria nacional alrededor del litio. “El gobierno mexicano va a tener que subcontratar a terceros porque no tiene el conocimiento, ni la infraestructura, ni la tecnología para explotar los yacimientos (de litio)”, dice un experto del sector que pidió el anonimato. “El litio no es como el petróleo, que se rige por precios internacionales. Los precios del litio son muy volátiles. Más de la mitad de los productores están perdiendo mucho dinero”, añade.

Bacanora, por ejemplo, realizó en 2020 un acuerdo con un operador de commodities japonés, Hanwa Corporation, para venderle un porcentaje importante de la producción procedente de la mina en Sonora a un precio fijo.

Además de la volatilidad del litio en los mercados, los productores tienen el reto de buscar compradores. Ganfeng Lithium, por ejemplo, ya tiene contratos de suministro a largo plazo con importantes productores de baterías como Panasonic y LG Chem, y también con armadoras como Tesla, Volkswagen y BMW. Gracias a estos contratos, el gigante chino ha dicho públicamente que espera duplicar su capacidad de 100,000 toneladas en 2020 a 200,000 para 2025.

“No solo se trata de la extracción del litio, estamos buscando cómo diseñar un proyecto integral para que México se inserte exitosamente en una cadena de valor”, dijo en mayo Tatiana Clouthier, secretaría de Economía, tras recibir asesoría del gobierno de Bolivia sobre este metal. “Si las cosas salen bien, en unos meses estaremos poniendo la primera piedra para una empresa que se instalaría para la producción de baterías”, añadió.

Los especialistas son escépticos sobre la capacidad del gobierno mexicano para construir un modelo exitoso de comercialización alrededor del litio. “No es fácil. Bolivia, que es el gran modelo para México, no comercializa ni una tonelada de litio. Es un buen ejemplo de lo que pasa cuando nacionalizan el litio.”, concluye el especialista.

Fuente: expansion.mx