La secretaría de Gobernación emitió en un comunicado que, como parte de los acuerdos, en próximas fechas se realizará una inspección en materia de seguridad e higiene.

La empresa minera Americas Gold and Silver firmó un acuerdo con el gobierno de México y el sindicato minero para poder reabrir su proyecto San Rafael ubicado en Cosalá, Sinaloa, la próxima semana.

“Ya firmamos un acuerdo con las secretarías de Economía, Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, y con los sindicatos involucrados, para que la mina abra (…) se requerirán al *menos 7 millones de dólares* para la reapertura de la mina” explicó el directivo.

En entrevista con El Financiero, Darren Blasutti, director general de la empresa, dijo tuvieron pérdidas por 10 millones de dólares mensuales por el cierre que generó el bloqueo que realizó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual lidera Napoleón Gómez Urrutia.


El 26 de enero de 2020, la mina San Rafael fue tomada y bloqueada por un grupo de 14 trabajadores del sindicato de Napoléon Gomez Urrutia, los cuales –según Blasutti- ya no laboraban para la empresa y por eso consideraron este hecho como ilegal.

La secretaría de Gobernación emitió en un comunicado que, como parte de los acuerdos, en próximas fechas, se realizará una inspección en materia de seguridad e higiene a cargo de la STPS para que la mina reinicie operaciones con apego a los protocolos de seguridad, a fin de proteger la integridad de los trabajadores.

En los meses posteriores, Americas Gold and Silver emprendió acciones legales contra el grupo de trabajadores; estos empleados acusaban que no se estaba respetando el contrato colectivo de trabajo, el cual se disputó con otro sindicato llamado Frente.

En septiembre de 2020 se realizó un recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo. Se emitió un laudo en favor del sindicato de Gómez Urrutia que posteriormente fue impugnado por Frente. Para diciembre de 2020 comenzaron negociaciones con el gobierno federal para la reapertura de la mina.

Al menos en dos ocasiones, trabajadores, familias y pobladores de Cosalá, se manifestaron públicamente para solicitar ayuda y concluir con el conflicto.

En marzo, López Obrador dijo que no se estaba respetando la ley y que esto afecta a miles de trabajadores.

“No acepta la empresa al sindicato (…) En este caso como habían dos sindicatos peleando la titularidad del contrato, se hizo un recuento y ganó por decisión de los trabajadores un sindicato para que los presentara, pero como no es del agrado de la empresa no quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato”, contó el mandatario.

La empresa respondió en ese momento que eso no es verdad, señalando que los grupos que la extorsionan podrían estar ligados al crimen organizado.

Darren Blasutti dijo que toda esta situación estuvo y sigue en la mira de muchas empresas mineras del mundo e inversionistas.

Fuente: El Economista