Minería Siglo 21

Por: Alejandro Mantecón

La sociedad encontró en el 2020 una serie de cambios cuyas ramificaciones e implicaciones finales aún no terminan de conocerse. El COVID no solo se convirtió en un riesgo de salud global sino además trastocó la economía mundial en aspectos vitales como cadenas de suministro, el futuro de las energías y la infraestructura impactando la sustentabilidad de los sistemas de producción y suministro.
La minería en México no fue la excepción. El Big Reset que significa este cambio tiene implicaciones tanto sociales, como en materia de seguridad, ciertos riesgos políticos y una mucho mayor presencia de la opinión pública a través de las redes sociales.

Licencia Social
Es de esperarse una mayor participación de las comunidades y de grupos de interés no solo en la autorización de nuevas operaciones mineras sino en aspectos clave como el agua, la participación de trabajadores locales, el desarrollo de infraestructura y salud en operaciones actuales. El cambio climático provocará mayor estrés hídrico, esto significa que aunque pueda haber mayores precipitaciones, es decir mayor intensidad, las mismas serán más escasas en número de eventos a lo largo de los periodos típicos de lluvia obligando a la migración de cultivos. Paul Roberts en su libro El Hambre que Viene, aunque escrito en el 2009, conjetura una serie de hipótesis y entre ellas el cambio de la dieta agrícola tradicional.

Así la obtención del consentimiento o la aprobación libre, previa e informada de las comunidades será un reto tanto por la validez y sustentación de la información ofrecida por las empresas mineras como por su interpretación por inversionistas, autoridades y distintos grupos de interés.

Un aspecto relevante para las comunidades y para las minas será la perfecta definición y entendimiento de las nuevas áreas naturales protegidas, ecosistemas que la minería deberá respetar y proteger, incluyendo los sitios sagrados de las comunidades religiosas, como en Real de Catorce, o de valores ecológicos o de conservación como bastas áreas de Baja California Sur. La verificación independiente de los criterios y de las bases podrá agregar al compliance o cumplimiento normativo. De otra manera estos aspectos serán mecanismos de desgaste y confrontación atractivos para grupos políticos o de interés, el caso del Proyecto Tía María de la empresa Southern Perú Copper es un ejemplo de la polarización social que debe evitarse.

Seguridad
La seguridad patrimonial de las minas, será puesta a prueba toda vez que se amplían las actividades de los cárteles, organizaciones delictivas y grupos delictivos en zonas y territorios que se traslapan con la actividad extractiva y las rutas de trasiego o siembra.

Las nuevas actividades criminales pueden incluir secuestro y robo generadas por las escisiones de la delincuencia organizada rompiendo la pax de acuerdos no formales existente que permite cierta convivencia entre las minas y los grupos delincuenciales bajo acuerdos de aceptación y respeto de reglas no escritas.

Los grupos delictivos no necesariamente son grupos homogéneos o monolíticos fáciles de identificar, muchos operan de forma independiente para fines lucrativos y en estos reacomodos pueden generarse riesgos de enfrentamientos por el control de territorios y distintas áreas de actuación.

Esta nueva faceta de intensificación y diversificación puede obligar a la minería a crear y fortalecer mecanismos operativos de cooperación y comunicación entre instituciones policiales, la Guardia Nacional y el Ejército ya que los procesos y capacidad de la delincuencia organizada significan nuevos riesgos de conflictos reales para ellos, su personal y las comunidades.

La afectación económica generada por la desaceleración del COVID aunque ciertamente pega mayormente en áreas urbanas y semi urbanas lo cierto es que multiplicará la desigualdad económica extrema pudiendo atraer a jóvenes a ciertas actividades ilícitas. El robo de 47 lingotes de oro a Minera Penmont el 8 de noviembre del 2019 en la carretera Internacional tramo Caborca-Sonoyta demarcó una nueva frontera delictiva que podrá no ser la excepción.

Entorno político
También en el 2019 y hasta septiembre del 2020 ejidatarios de la comunidad de San Juan de Cedros cerraron la mina Peñasquito Newmont Goldcorp, la mina a cielo abierto para extracción de oro más importante de América Latina.
Las presuntas causas incluían despojo de tierras, contaminación medioambiental y conflictos con el agua.

Pero este no es un caso aislado, Silver Bull Resources fue bloqueada en Coahuila debido a un conflicto de trabajadores en demanda de pagos de la Cooperativa Exploración Minera Mineros del Norte. Torex Gold en Guerrero ha sufrido repetidos bloqueos en la mina de oro El Limón-Guajes y recientemente Minera Cuzcatlán sufrió el bloqueo a los accesos a su unidad minera de San José ubicada en Oaxaca.

Estos casos pudieran ejemplificar la vulnerabilidad de las unidades mineras ante acciones de grupos reducidos. También de un nuevo método de coerción o negociación agresiva de grupos con una argumentación de derechos humanos o ambientales cuyos procedimientos se han venido enriqueciendo con el activismo urbano y la experiencia de grupos radicales en América Latina. Este perfeccionamiento de técnicas no proceden siempre de genuinas manifestaciones a favor de acciones de mitigación ambiental, uso racional de energías limpias o agua o creación de condiciones de sustentabilidad y bienestar para comunidades sino de programas bien concertados desarrollados en diversas luchas sociales en distintos ambientes aplicados en nuevos teatros de operación con fines de lucro.

Entonces tenemos, por una parte, una situación post-COVID con componentes de incertidumbre económica y desaceleración, un cambio climático que hará migrar siembras y cambios en la dieta alimenticia además de generar un estrés hídrico en las mismas áreas donde se asienta la minería. Tenemos en nuestro tablero de análisis una mayor inseguridad producto tanto de una mayor desigualdad social -vinculada a la desaceleración económica- como también a nuevas actividades de los grupos delincuenciales y una mayor movilidad entre ellos mismos. En este mismo examen existe la participación de grupos políticos con conocimientos y habilidades sociales de choque para realizar bloqueos y paros que pueden afectar la operación de las minas. ¿Qué más tenemos? Las redes sociales. Con las que la sociedad, en ubicaciones distintas, apreciará esta nueva realidad.