Por: Moisés Gómez Reyna
El Gobierno Federal presentó la semana pasada el Paquete Económico 2022, que si bien no contempla la creación de nuevos impuestos, en materia de ingreso sí contiene algunas medidas a las que hay que prestar atención. Además, en materia de gasto se proponen una serie de ajustes y recortes a rubros que podrían impactar y desacelerar la recuperación económica.
En términos generales, se podría afirmar que el Paquete Económico en realidad profundiza la política económica que ha llevado el Gobierno federal en estos casi tres años.
Por una parte, se siguen aumentando los recursos para los programas y obras prioritarias del Gobierno federal y, en contraste, se debilita el presupuesto de los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En estos organismos los ajustes en sus presupuestos van desde el -0.4% hasta el -11.4%.
En contraste, los Programas Prioritarios del Gobierno Federal para 2022 dispondrán de recursos por 630 mil millones de pesos, lo que significa un aumento del 25.1% en términos reales con respecto a lo aprobado en 2021. Es importante destacar que los programas prioritarios abarcan el 42% de los recursos que se proyectan para las dependencias federales en 2022.
El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendría un incremento de más de 102 mil millones de pesos, que representa un aumento real de 69.2%.
El Tren Maya, que es una obra emblemática del Gobierno Federal y que en su ejecución presenta inconsistencias técnicas, no obstante, se le estima un incremento de recursos para 2022 de alrededor de 27 mil millones de pesos, que equivalen a un incremento real de 67.3%. De hecho, los recursos asignados al Tren Maya equivalen al 96% del presupuesto total asignado a Turismo para 2022.
En contraste, las dependencias que presentan mayores disminuciones respecto a lo aprobado en 2021 son: Economía (-47.1%); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (-25.3%); y Defensa Nacional (-10.8%).
De hecho, en Economía no se identifica ningún apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, pese a que con la crisis de la pandemia quebraron alrededor de un millón de negocios y son quienes generan cerca del 80% de los empleos en el país.
Por otro lado, en la parte fiscal, el Paquete aumenta la carga administrativa para los contribuyentes. Por ejemplo, se busca condicionar las deducciones de gastos de gasolina a cambio de que los contribuyentes investiguen e informen a Hacienda sobre los permisos con los que cuentan los proveedores de combustibles, esto bajo el supuesto de que quienes no los tengan están involucrados en el huachicol.
También agudiza la persecución contra quienes tienen una cuenta bancaria, ya que ahora exigirá a los bancos informes mensuales (actualmente es anual) sobre quienes reciben depósitos en efectivo en sus cuentas.
También se volverá a solicitar a los contribuyentes que den aviso de los bienes que dejen de ser útiles para obtener ingresos, requisito que había sido eliminado desde 1998. Hacienda argumenta que hay contribuyentes que obtienen deducciones indebidas con bienes que han dejado de ser útiles.
Finalmente, es posible detectar que una parte del Paquete busca congraciar al Gobierno federal con la clase media.
Esto se pretende a través de la creación del Régimen Simplificado de Confianza, que promete facilitar y abaratar el pago de impuestos a ciertos grupos de profesionistas que prestan sus servicios por honorarios. (médicos, contadores, abogados, etc.).
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