El tema de las concesiones mineras en México se ha malinterpretado y distorsionado: así lo aseguró Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), por lo que explicó el procedimiento.

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Cuestionado al respecto, Alanís Ortega, destacó la importancia de aclarar aspectos sobre el otorgamiento de concesiones a la minería, y que desde su opinión, resulta ser una información, “que se ha malinterpretado y distorsionado”.

“De acuerdo a la Constitución, todo lo que hay en el subsuelo del Territorio Nacional es propiedad de la Nación, por lo que para extraer, gas, petróleo, agua o minerales por parte de privados, se requiere obtener un permiso por parte del Gobierno que justamente es la concesión”, explicó.

Detalló que una concesión, en el caso de la minería, es un permiso para explorar y en caso de encontrar un yacimiento, poder explotarlo. De ninguna manera se da derecho sobre los terrenos superficiales los cuales pueden tener algún propietario y se tendrá que negociar con el permiso para poder entrar a su terreno y efectuar la exploración, lo cual, normalmente se hace por un convenio en donde la exploradora paga una renta.

Otro dato que destacó, fue el que una concesión no garantiza que se encontrará un depósito. “Se requieren muchos estudios y grandes inversiones de capital y tecnología muy sofisticada para realizar la exploración que normalmente toma entre 15 a 20 años para definir si existe o no un yacimiento y si es rentable explotarlos”. Por lo que de cada 1000 prospectos que se revisan, sale un proyecto. Por eso se requieren grandes extensiones de concesiones para poder hacer una investigación a conciencia.

Sobre el pago de derechos, Alanís Ortega señaló que una concesión causa el pago de un derecho por hectárea que se tiene que es semestralmente al Gobierno y este se incrementa cada año, con el objeto de evitar que se acumulen concesiones para especular. Así mismo, al recibir una concesión, el Gobierno exige que se efectúe una inversión que cada año va aumentando y hay que acreditar ante la autoridad la cual revisa y verifica que sea cierta. Esto es también para evitar especulación. De tal manera que cualquier persona que esté decidida a cumplir los requisitos de pago de derechos e inversión, puede solicitar una concesión, pero debe de cumplir con ello.

El territorio nacional en cifras cerradas cuenta con 200 millones de hectáreas. Las cuales, con datos de la Dirección General de Minas, tienen concesionadas 20.7 millones de hectáreas (10.35% del territorio) de cuales 14.7 millones de hectáreas están en manos privadas y 6 millones con el Servicio Geológico Mexicano del Propio Gobierno. De estas, solo 1.01 millones de hectáreas se encuentran en explotación y el resto en diferentes etapas de exploración.

“En conclusión, es que el Gobierno otorgue concesiones, es la forma más eficiente de aprovechar los recursos naturales dejando que otros corran los riesgos y cuantiosas inversiones de explorar. El Gobierno recibe el pago de Derechos y en caso de encontrarse un yacimiento y se construya una operación, ésta pagará impuestos que aportaran al Gobierno. Por cierto la minería es la actividad económica que tiene la mayor tasa de impuestos y derechos, que suman el 55% de la utilidad de las empresas mineras", finalizó.

Fuente: Milenio

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