Los cambios previstos en México para las normas que rigen la participación de los trabajadores en las utilidades podrían obstaculizar la inversión en el sector minero local, según un analista.
Sin embargo, la propuesta –que impulsaría los pagos de bonificaciones para millones de trabajadores– podría dar lugar a un consenso aceptable que permita que las denominadas reformas de subcontratación avancen, lo que pondría fin a meses de incertidumbre, indicó una fuente de la industria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presionado durante mucho tiempo para que se prohíba la subcontratación, técnica que utilizan las empresas para subcontratar trabajos a terceros, en parte para evitar la obligación de pagar la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de 10%, esta práctica es común en muchos sectores.
Pero un proyecto de ley que prohíbe la subcontratación –excepto en los casos en que se requieran trabajadores para servicios especializados más allá del alcance de la empresa principal– permanece retrasado por meses en medio de la fuerte oposición del sector privado, especialmente de los segmentos con altas ganancias, incluidos los servicios financieros.
Ahora se espera que la legislación, presentada a la Cámara Baja en noviembre, avance con prontitud tras un convenio alcanzado por el gobierno, el sector privado y dirigentes sindicales.
Según el acuerdo, las bonificaciones de PTU tendrán un tope de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida por el trabajador en los últimos tres años.
Los actores del sector privado pretendían que el límite se estableciera en un mes de salario.
IMPACTO SECTORIAL
El acuerdo hará que millones de trabajadores reciban bonificaciones mucho mayores, particularmente en industrias en las que históricamente los pagos de PTU han sido pequeños, como la construcción y la gestión de residuos, indicó a BNamericas el analista de Control Risks, Alan Zamayoa.
“Sin embargo, es probable que las empresas de sectores que pagan una PTU mayor, como la minería, también se vean afectadas. Esto tendrá un impacto negativo en las posibles reinversiones en nuevos activos, capacitación para empleados o infraestructura", advirtió.
Si bien aún no se sabe si los líderes de la industria minera y otras van a desistir de su oposición al proyecto de ley de subcontratación, es probable que las empresas mineras presionen por dos objetivos, según Zamayoa.
Primero, que la PTU se pueda vincular a la productividad en lugar de los precios de los metales, ya que los principales productos mineros de México –el oro, el cobre y la plata– han subido a máximos de varios años en los últimos 12 meses, y segundo, el tiempo que tarda implementar las regulaciones después de que entra en vigor una nueva ley.
“Esto se debe a que el período legislativo finaliza el 30 de abril y el pago de la PTU vence antes de fines de mayo”, agregó el analista.
¿COMPROMISO JUSTO?
A pesar de las preocupaciones, el acuerdo de PTU podría poner fin a meses de incertidumbre y fricción entre el gobierno y el sector minero.
“Soy cautelosamente optimista de que esta es una solución aceptable para un problema que en realidad es más pronunciado en otros negocios menos intensivos en mano de obra como los servicios financieros”, dijo a BNamericas Brad Cooke, presidente ejecutivo de la minera mexicana Endeavour Silver.
El acuerdo "ayudará a disipar la incertidumbre" generada por el proyecto de ley de subcontratación, manifestó Germán de la Garza de Vecchi, socio principal de servicios laborales de Deloitte México, citado por el diario financiero local El Economista.
Pero el bufete de abogados De la Vega & Martínez Rojas advirtió que las pequeñas y medianas empresas no podrían pagar el bono, mientras que la exagerada tasa de PTU de 10% erosionaría la competitividad de las grandes empresas, lo que podría provocar la pérdida de empleos en un momento crisis económica relacionada con la pandemia.
El cambio hará que los pagos promedio aumenten a alrededor de 18.560 pesos (US$900) por cada uno de los 6 millones de trabajadores que reciben la PTU, frente a los 7.301 pesos actuales, informó el bufete Bermúdez Abogados.
Fuente: BNamericas
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