Por Moisés Gómez Reyna

Sorpresivamente, los diputados integrantes de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista informaron después de un largo encuentro, que la reforma eléctrica sería aplazada hasta el 15 de abril del 2022.

Sería revisada, aseguraron, justo después de aprobar el Presupuesto de Egresos para ese año, sostener un Parlamento Abierto -para escuchar a los inconformes- y, además, buscar una participación masiva en la revocación de mandato que se celebrará el domingo 27 de marzo del año entrante.

Ocurre este anuncio justo después de la airada protesta de un nutrido grupo de congresistas de Estados Unidos, por la propuesta de Reforma Eléctrica planteada por el gobierno mexicano.

La inconformidad se da a través de una carta dirigida al Secretario de Estado, Anthony Blinken, a la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo y a Jennifer M. Granholm, Secretaria de Energía; con copia al Embajador de ese país en México, Ken Salazar, en la cual expresan las preocupaciones que existen entre empresarios del sector energético estadounidenses, por las recientes acciones que, según señalan los congresistas americanos, discriminan a los productores de energía estadounidenses y favorecen a las empresas estatales mexicanas.

En la misiva se incluye la inconformidad por las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, que otorga a funcionarios mexicanos la facultad de suspender y revocar permisos clave para operaciones privadas. Además, señala la carta, las reformas constitucionales propuestas por el gobierno, aumentarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada.

Los congresistas demócratas y republicanos advirtieron que estas acciones dañan la relación comercial entre México y Estados Unidos y representan una potencial violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta situación tiene como marco de referencia, el informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del departamento de Energía de Estados Unidos, que establece que los cambios a la Constitución propuestos por el Gobierno mexicano, para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad una mayor participación en el mercado energético, resultarían en un menor uso de parques solares y eólicos en la República Mexicana. En este sentido, concluye el reporte, las emisiones de carbono podrían dispararse hasta en un 65 por ciento, a la par de los costos de la electricidad.

Para dar a conocer este y otros puntos sobre la reforma energética, ese mismo día el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar expresó la preocupación de su gobierno por esta iniciativa que se discute en el Congreso mexicano. De hecho, Salazar se reunió con autoridades del gobierno federal para expresar sus serias preocupaciones sobre el tema.

Algunos analistas han expresado que aunado a esta andanada de críticas por parte de los congresistas norteamericanos y del propio gobierno de los Estados Unidos, se suma la falta de consenso al interior de los Partidos del bloque gobernante – Morena, PT y PVEM- y la indefinición de algunos miembros del PRI sobre como votar en este tema.

De hecho, uno de los elementos críticos del tema, tiene que ver con la celebración de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria el próximo 11 de diciembre. Y lo es porque en el marco de esa Asamblea se discutirán asuntos en cuatro mesas nacionales temáticas, que son: 1. Proyecto de país, 2. estrategia política, 3. vida interna del Partido, y 4. prospectiva del Partido.

En medio de estas discusiones estará la redefinición del PRI al Nacionalismo Revolucionario o la ratificación del Liberalismo Social, que establecerá, uno u otro elemento, la pauta para ir a favor o en contra de la contrarreforma energética, sin el prurito para el Dirigente Nacional del PRI de estar, en contra de lo que señalan sus documentos básicos.

Para aprobar la reforma eléctrica, Morena requiere 334 votos. Actualmente, cuenta con 201 votos. Sus aliados PT y PVEM le podrían aportar 76 votos (33 del PT y 43 del PVEM); si es que logran unificar posiciones, llegando a 277, siendo todavía insuficientes para aprobar la reforma constitucional; pues le faltarían 57 votos.

Del lado de la oposición (PAN, PRI, MC y PRD) suman 223 votos. En caso de que el PRI decidiera apoyar la iniciativa con todos sus votos disponibles (71), alcanzaría para aprobarla, por esa razón esperar a la definición de su Asamblea Nacional haría sentido.

En el Senado, Morena y sus aliados (PVEM, PT y PES) suman 75 votos, por lo que no alcanzan la mayoría calificada. Del lado de la oposición, sumando al Grupo Plural, tienen 53 votos. Como en el caso de Diputados, bastaría con los 13 votos del Grupo Parlamentario del PRI para lograr la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional.

Ante este escenario queda registrada la inconformidad manifiesta del Congreso, Gobierno y Empresas Norteamericanas, la indefinición de algunos segmentos del bloque Morena-Verde-PT; la próxima Asamblea Priísta y la certeza, como lo ha manifestado el bloque opositor PAN-MC-PRD, de no dejar pasar lo que en el mundo se ha definido como un retroceso en materia económica, ambiental y social.

@gomezreyna