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Tras 16 años de una estrategia que no ha brindado los resultados esperados y cada vez más agravante de los derechos humanos, esta semana volvió a cobrar peso el llevado y traído tema de la Seguridad Pública en nuestro país.

Específicamente, la cuestión fue abordada en el marco del encuentro de Evaluación de la Estrategia de Seguridad Pública Nacional, que sostuvieron en el Senado de la República la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y los diferentes funcionarios que componen al gabinete de seguridad del Gobierno Federal.

Se trató de un evento hasta cierto punto productivo, sobre todo en la medida en que representó una oportunidad para que los legisladores pudiesen evaluar y cuestionar la actual estrategia en la materia, en vistas a la propuesta de eventuales modificaciones.

Sin embargo, de acuerdo con diversos reportes y crónicas, en última instancia el encuentro presentó ciertos ‘sinsabores’ de relevancia, particularmente en lo concerniente a la falta de apertura y difusión.

Por una parte, llamó la atención la falta de disponibilidad de la información necesaria para que los legisladores pudieran fundamentar sus contribuciones. Esto quedó reflejado en el hecho de que el reporte correspondiente no fue presentado al grupo evaluador, sino hasta unas cuantas horas antes de que se llevara a cabo la reunión.

De igual forma, resultó sumamente cuestionable el que se prohibiera que los legisladores pudieran abordar temas de interés sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el ejercicio público, como por ejemplo el uso del programa Pegasus para el espionaje de autoridades, periodistas y activistas.

También fue llamativa la determinación de que el evento se realizara a puerta cerrada, sin ningún tipo de participación ciudadana, sin la presencia de medios de comunicación para consignar el evento, e inclusive sin su transmisión a través del Canal del Congreso.

Pues vale la pena recordar que en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia o España, constituye una práctica común el que este tipo de comparecencias se produzcan en contextos mucho más abiertos, con sesiones de preguntas y sin cortapisas en el abordaje de temas de interés nacional.

Finalmente, fue especialmente preocupante la falta de mención de dos temas de enorme relevancia: los Derechos Humanos y el futuro de la Seguridad Pública en los estados y municipios.

Con respecto al primero, es a todas luces urgente el que se promueva la discusión acerca de los altos niveles de letalidad que ha traído consigo la creciente participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

No es difícil encontrar denuncias recientes correspondientes a casos de civiles asesinados en medio de fuegos cruzados, persecuciones, retenes injustificados o enfrentamientos de militares con la ciudadanía.

En síntesis, el respeto a los derechos humanos debe de ser un elemento sine qua non de la incorporación de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública.

En relación al segundo tema señalado, la Seguridad Pública a nivel local, es imperante que la renovación de la estrategia de seguridad en nuestro país pase por la consideración y el fortalecimiento de las policías municipales de proximidad, de las estatales de prevención y de las respectivas fiscalías de cada entidad federativa.

Me refiero a un aspecto que en ninguna circunstancia puede quedar relegado a un segundo plano, en especial porque en términos reales los recursos destinados a esta causa se han visto gravemente reducidos tras la disminución del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) y la desaparición del subsidio conocido como Fortaseg.

Basta con revisar que de los 12 mil millones de pesos (mmdp) que sumaban estos fondos en el 2018, en la actualidad la inversión en este rubro ha quedado reducida hasta encontrarse por debajo de los 8 mmdp, es decir, menos del 50 por ciento de lo que eran antes.

Dicha disminución es aún más agravante si la contrastamos con los casi 400 mmdp asignados al proyecto del Tren Maya, el cual goza de 50 veces más recursos que los destinados a la seguridad pública en los estados y en los municipios

Por todo lo anterior, sería particularmente importante revisar el séptimo transitorio del decreto de ampliación del tiempo del ejecito en la Guardia Nacional, en donde se obliga al Ejecutivo Federal a analizar los recursos asignados para el fortalecimiento de las policías estatales.

Evidentemente, los militares no cuentan con las aptitudes para fungir como policías de proximidad o de barrio (como sí lo hacen los policías de los municipios), ni como policías preventivos de las secretarías estatales de seguridad.

Tampoco pueden llevar a cabo tareas de investigación y documentación de carpetas ante el ministerio público, como sí lo hacen los policías ministeriales.

En su conjunto, todas estas observaciones deberían de tomarse en cuenta como excelentes áreas de oportunidad para el desahogo de futuras comparecencias en materia de seguridad.

Mucho por hacer para mejorar una estrategia que hasta ahora ignora la posibilidad de que con un enfoque local se pueda alcanzar un impacto nacional.

Twitter: @gomezreyna

Editorial

Publicado hace un año

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