Seguridad Pública

COLUMNA

El embajador Quirino Ordaz le envió, hace unos días, un mensaje a través de Twitter a su paisano el senador sinaloense Mario Zamora, solicitándole que ejercierá su voto en la última sesión de la Cámara de Senadores, en favor del cambio de adscripción de la Guardia Nacional a las Secretaria de la Defensa Nacional.

Casí todo estaría bien, si no fuera por tres pequeños detalles.

En principio, porque en la citada sesión pasada, no sé votaría el cambio descripción de la Guardia Nacional la Sedena, lo cual ocurrió hace 15 días, sino la ampliación de la participación del ejército mexicano en labores de seguridad pública.

En segundo lugar, porque así como ocurrió en el caso de Sonora, con la nueva revelación de la canción vernácula y recién estrenada en labores diplomáticas, Claudia Pavlovich; el embajador Ordaz dejó colgado de la brocha al citado Senador de su partido en la elección de gubernatura de hace un año.

Y finalmente, porque como está señalado en la ley del Servicio Exterior Mexicano en su artículo primero los servidores públicos que colaboren en el servicio exterior estarán obligados observar, entre otros, los principios de neutralidad política.  Incluso el artículo 41 de la misma ley señala que deberán de abstenerse de incurrir en conductas de naturaleza partidista, incompatibles con el desempeño de función pública.

Pero independientemente del desfase en la solicitud por parte de embajador Ordaz, así como de la reversa que, la fracción parlamentaria del partido Morena, dió a la presentación del dictamen en la Cámara de Senadores, es relevante analizar, por qué no es el momento adecuado para extender el permiso para utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Primordialmente, porque el tema no esta relacionado, como la experiencia documentada y los registros publicados lo señalan, con la presencia del ejército como elemento fortalecedor de la Guardia Nacional.

Esto se demuestra de manera práctica con el hecho de que, aún cuando el ejército tiene tres años en labores policíacas, la inseguridad no cesa, la letalidad  permanece y los abusos de poder al aumentado. En síntesís, se ha demostrado no ser ésta, la única solución de fondo al problema de violencia y la inseguridad.

Ha ocurrido en Francia, España, Gran Bretaña, Brasil, Chile y Estados Unidos, países en los que la solución de fondo ha pasado por consolidar corporaciones policiacas sólidas y confiables, en los tres órdenes de gobierno, pero principalmente, en los estados y los municipios donde se atiende el 87 % de los delitos.

De hecho, la Guardia Nacional se planteó de manera original para combatir los delitos provocados por el crimen organizado, los cuales de acuerdo a los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública han sido 308 mil  en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de este año.

Sin embargo, los delitos del fuero federal, que son responsabilidad de las policías estatales y municipales, ascienden a 7 millones 300 mil  en el mismo periodo.

Es decir, más de 23 veces más, sin una correspondencia práctica en materia de presupuestos para esas instancias.

El quinto transitorio, motivo de la discusión en el Congreso de la Unión, le otorgaba al gobierno federal, permiso para disponer por cinco años de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, bajo ciertos estándares, en tanto se consolidaba una Guardia Nacional civil y se fortalecían las policías estatales y municipales.

Hoy la lucha es por otorgar al ejecutivo, cuatro años más, debido a que no se ha consolidado ni la Guardia Nacional, ni se han fortalecido las policías locales, en los últimos tres años.

La realidad es que han disminuido, en términos reales, los recursos destinados al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) y se eliminó el subsidio conocido como Fortaseg.

En los hechos, de los 12 mmdp que sumaban estos fondos en el 2018, ahora ascienden a menos de 8 mmdp, es decir, menos del 50 %, mientras el tren Maya tiene asignado casi 400 mmdp, es decir, 50 veces más los recursos que requiere la seguridad pública en los estados y en los municipios.

Por ello sería importante revisar el séptimo transitorio del mismo decreto en donde obliga al ejecutivo federal analizar los recursos para el fortalecimiento de las policías estatales.

En principio es importante hacerlo porque los militares no fungirán como policías de proximidad o de barrio que es parte de los policías de los municipios ni como policías preventivos de las secretarías estatales de seguridad tampoco harán tareas de investigación y documentación de carpetas ante el ministerio público que si hacen los policías ministeriales y tampoco fortalecerán los laboratorios y servicios periciales de las fiscalías estatales.

Éstos elementos importantes para una estrategia integral de seguridad pública nacional.

Por Moisés Gómez Reyna

@gomezreyna