Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el gobierno de Zacatecas cobre impuestos en materia ambiental, tras concluir que el estado no excede las facultades de la Federación al hacerlo; sin embargo, falta que el máximo tribunal precise en qué términos se aplicarán estas contribuciones.
Este jueves, el pleno de la corte continuó la discusión de la controversia constitucional promovida en 2017 por Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República, contra las cargas tributarias establecidas en el primer año de mandato del gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Tras finalizar los posicionamientos sobre el proyecto que presentó Norma Lucía Piña Hernández, ocho ministros votaron a favor de Zacatecas, pues coincidieron en que la entidad puede implementar este tipo de gravámenes.
En este sentido se posicionaron Piña Hernández, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán.
Se registraron dos votos en contra, de los ministros Luis María Aguilar Morales y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, quien reiteró su postura con el argumento de que no hay sustento para la competencia local.
En su intervención, Aguilar Morales arguyó que el estado no tiene facultades porque los impuestos en análisis “no permiten identificar un hecho imponible ni una manifestación de riqueza” y advirtió que el Congreso de Zacatecas “pretende dar a estas contribuciones un fin extrafiscal”.
Afirmó que la vía tributaria no es adecuada para los fines ecológicos, toda vez que consideró que la intención del estado “en realidad es prever una serie de sanciones a las personas que contaminen”; sin embargo, apuntó, los impuestos no se justifican “por los resultados ilícitos de los que sean responsables”, pues para eso hay sanciones administrativas o incluso penales.
Fuente: NTR
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