La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje muestra un rezago aproximado de un millón de expedientes laborales de todo tipo, algunos con 10 años de antigüedad, que deben resolverse para solucionar peticiones justas de los trabajadores. Aunque este proceso tardará varios años en cumplirse, en octubre próximo la JFCyA ya no deberá recibir más demandas.

Al informar lo anterior, el diputado Carlos Pavón Campos, presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Minero Metalúrgicos y Metal Mecánicos de México (UNASIM), expuso que 60 por ciento de las carpetas en esa dependencia corresponden a empleados del sector público, de más fácil solución y 40 por ciento a trabajadores de empresas privadas.

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Destacó que la JFCyA debe solucionar todos los expedientes que tiene acumulados y que no pasarán a los tribunales laborales ni al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que iniciarán operaciones en octubre próximo, de acuerdo con la reforma en la materia aprobada hace un año.

El también secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente indicó que las demandas en la JFCyA provenientes de empresas privadas, son de todo tipo, desde despidos, hasta por falta de pago, por mencionar algunos conceptos.

Explicó que muchas de esos expedientes presentan un rezago de hasta una década, además de las que se acumularon durante la actual contingencia sanitaria, tiempo en el cual estuvieron cerradas las oficinas de la JFCyA, que reinició actividades el pasado 16 de julio.

El dirigente de la UNASIM, agrupación que reúne a 10 sindicatos con una membresía superior a 100 mil trabajadores, señaló que a partir de octubre los tribunales laborales deberán recibir todas las demandas que hasta el momento son turnadas a la JFCyA y una vez que esta concluya con todo su trabajo pendiente, dejará de operar.

El diputado federal destacó que, hasta donde se conoce, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no tiene instalaciones, por lo cual seguramente dispondrá de algunas oficinas con que cuenta la Secretaría del Trabajo, además de las que tienen tribunales estatales, porque esa labor se impulsará en cada entidad federativa.

Fuente: Enlace con prensa

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