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En riesgo empleos y economía de Sonora por iniciativa de reforma a la Ley Minera

Con la iniciativa de reforma a la Ley Minera, se encienden los focos de alarma en el sector que pesa en la economía de Sonora 11% Por Javier Villegas Orpinela

hace un año

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Con la iniciativa de reforma a la Ley Minera, se encienden los focos de alarma en el sector que pesa en la economía de Sonora 11%

Por Javier Villegas Orpinela

Con la iniciativa de reforma a la Ley Minera, se encienden los focos de alarma en el sector que pesa en la economía de Sonora 11% y en la nacional más del 5%; con esto el empresariado se confunde más.

Este ramo industrial, al que AMLO le quiere adicionar y derogar diversas disposiciones legales; da empleo directo a unos 410 mil trabajadores en el País con sueldos y salarios muy por arriba del promedio nacional.

No obstante, el Gobierno federal en su elocuente afán estatizador, pretende cortarle las alas a rubros tan importantes para el crecimiento económico como este de la minería y también al energético.

Como se anticipa, la reforma minera les pegará de frente a los principales inversionistas de esa industria, que provienen principalmente de Canadá y Estados Unidos.

De hecho ambos países participan con casi el 50% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, cuyo monto total fue de 35.3 mil millones de dólares el 2022.


España, el otro País que el Presidente ataca frecuentemente, invirtió el año pasado de manera fuerte (arriba del 7% del total), para ser el tercero más espléndido de la IED.

La nación ibérica, a diferencia de Canadá y EU, sobresale más en el sector energético. A estos tres países el Gobierno de López Obrador los trae inquietos con las modificaciones en la energía y el proyecto de reforma minera.

En estos momentos aviva las preocupaciones de la IP, la iniciativa minera; ya que le saca el tapete a los inversionistas del sector que por tantas décadas han empujado la actividad en México.

¿Qué propone la reforma en cuestión?

Una gran cantidad de ajustes, entre ellas eliminar el carácter preferente de la actividad minera al puntualizar que la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias no justificarán la expropiación a favor de particulares y propiedad social, debido a los beneficios que tienen los privados y transforma la figura de las asignaciones a favor de las entidades paraestatales.

También elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante y propone modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para concurso público.

Además, quita el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la actividad minera (esta modificación busca que las empresas pacten contraprestaciones monetarias sujetas a consentimiento de las personas propietarias de los lotes).

Por si fuera poco, propone reducir la duración y prórroga de las concesiones mineras, que disminuyen de 50 a 15 años, prorrogables por una sola ocasión en un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones.

Hasta ahora las concesiones son de hasta 100 años; con la reforma cuando mucho de 30.

Desconoce, además, actos de derecho privado para la transmisión de la concesión minera; en este caso la Secretaría de Economía autorizará la transmisión sólo cuando se cumplan los requisitos solicitados.

Se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica, y en su caso, a la concesión de agua para la minería. Se adicionan causales de cancelación de las concesiones; por ejemplo, si no se publican los posibles daños y riesgos al equilibrio ecológico, al no contar con permisos o con los programas de gestión de residuos.

Adicionalmente se obliga a determinar los impactos sociales en cada concesión minera. A través de un estudio, la empresa ganadora deberá presentar las probables afectaciones que podría tener la actividad en la vida cotidiana de las personas. Se establece la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la que reconozcan la explotación de recursos.

Estos son los ajustes (trabas a la inversión privada) que AMLO busca insertar en la Ley Minera y Sonora resultará la más afectada al ser la más activa del País con 4 mil 84 concesiones, en 3 millones de hectáreas.

Primero destazaron al INE, ahora van tras la minería.

Fuente: elimparcial.com

Editorial

Publicado hace un año

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