Por Moisés Gómez Reyna
La conclusión de los Foros del Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión se acerca con tres enfoques que prevalecen, energías limpias, tarifas bajas y soberanía, cada uno de estos con diversos enfoques, de acuerdo a la posición política o partidista.
Sin embargo, un elemento relevante en el curso del Parlamento Abierto lo representó la participación de expertos, quienes nutrieron la discusión con argumentos técnicos, privilegiando la información documentada y los avances tecnológicas globales sobre el tema.
En cuanto a energías limpias, independientemente del daño documentado, que generan a la salud y el deterioro al medio ambiente, es importante destacar los costos de su producción.
Los costos de generación, por tecnología son sorprendentes, una planta hidroeléctrica de la CFE produce un megawatts a mil 844 pesos y de ciclo combinado en mil 813 pesos.
La Central de Tula, Hidalgo de la Comisión Federal de Electricidad, es una enorme planta termoeléctrica con cinco unidades de generación y una capacidad total de más de mil 500 MW y utiliza combustóleo -residuo de la refinación de petróleo- en el 80% de su operación, el costo del megawatts es de mil 485 pesos. Mientras que una carboeléctrica genera el megawatts en mil 151 pesos.
En contraste, una planta privada eólica produce un megawatts en $400 y una fotovoltaica en 375 pesos, casi 5 veces más barata que las plantas hidroeléctricas de la CFE y 4 veces más económica que una termoeléctrica con uso del contaminante combustóleo.
Estos elementos están intimamente ligados con el precio de las tarifas, y de acuerdo a los análisis preliminares, la reforma eléctrica propuesta, generará un aumento o al menos, no una reducción en las tarifas para los usuarios.
La posición gubernamental es que las tarifas eléctricas no tengan incrementos por arriba de la inflación, asegurando esta premisa mediante los esquemas de subsidios al consumo para los usuarios pagados, al final de cuentas con dinero público de los contribuyentes.
Los expertos a favor de la iniciativa presidencial argumentan que CFE tiene el compromiso de establecer tarifas con sentido social, debido al carácter de servicio público que tiene el sector energético.
Señalan que la energía eléctrica es una necesidad básica y, por lo tanto, las tarifas deben tomar en cuenta las desigualdades que existen en el país.
La reforma pretende proteger al 90% de los clientes de la CFE por medio de la conservación del esquema actual de subsidios. De aprobarse, advierten los expertos, se avalaría una mayor utilización de fuentes fósiles y, por lo tanto, la energía sería más cara, contaminante y escasa.
Actualmente, se estima que CFE produce dos terceras partes de su electricidad mediante combustibles fósiles.
Recalcan que emplear fuentes fósiles en primera instancia para atender la demanda, en lugar de energías renovables, aumentaría los costos anuales de generación en el país hasta en 2 mil 750 millones de dólares. Esto significa que para mantener sin cambios las tarifas domésticas, a través de la aplicación de mayores subsidios, se requerirán unos 55 mil millones de pesos, lo cual presionaría las finanzas públicas del Gobierno.
En el caso de las tarifas industriales, los aumentos en los costos serían inevitables, por lo que se reflejarían en alzas a los precios de productos finales para los consumidores.
Si la Reforma Electrica se aprueba en sus términos, ha señalado Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), la Comisión Federal de Electricidad deberá invertir 123 mil millones de pesos para cumplir la meta de energías limpias para 2024, sin respaldo de la iniciativa privada.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que hay más 150 proyectos energéticos sustentables que están detenidos, los cuales equivalen a más de 40 mil millones de dólares.
Las tarifas en México no deben subir más que la inflación, y por el contrario, deben disminuir a través de la libre competencia. Si lo que se quiere es mayor estabilidad en tarifas y costos bajos, los expertos aseveran que entonces lo que se necesita es realizar más subastas de energía a largo plazo, como ya lo prevé la ley.
La reforma de 2013, puntualizan los expertos en contra de la actual iniciativa, estableció un mecanismo que permite que a quienes les cuesta menos generar electricidad sean los que entreguen su energía a la red.
Por lo tanto, tener proyectos más eficientes y modernos es lo que permitirá contar con tarifas más bajas a mediano y largo plazo.
El sistema actual también permite establecer subsidios focalizados para garantizar energía eléctrica a quienes más lo necesitan, y no dar un escopetazo a toda la población, como lo plantea la propuesta de Reforma.
Ante los argumentos técnicos y la necesidad de documentar la discusión, queda en manos de los legisladores lo que será la plataforma de energía en los siguientes 25 años.
@gomezreyna
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