La noche del pasado 4 de octubre, individuos fuertemente armados vulneraron las instalaciones de la mina La Colorada, propiedad de la canadiense Pan American Silver Corporation, en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y sustrajeron dos tráileres cargados con concentrado de plata. De acuerdo con empleados de la compañía, los agresores estuvieron más de dos horas en la mina cargando el mineral robado en los dos tráileres de la empresa para después escapar durante la madrugada del 5 de octubre con dirección a Sombrerete. El incidente se presenta en medio de una creciente disputa entre los diferentes grupos armados por el control de flujos migratorios, rutas de tráfico de droga y armas, y por el control de corredores que conectan con Estados Unidos, sobre todo en Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas
Un sector en constante asedio, más de una década de inseguridad
La creciente expansión del crimen organizado durante los últimos lustros, así como el incremento de la violencia armada en las zonas donde opera, ha tenido un fuerte impacto en las cadenas de suministro y producción de diversos sectores empresariales, incluyendo el sector minero.
Si entre 2008 y 2012 la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contabilizó 7 averiguaciones previas por robo de cargamentos a mineras en Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas, a partir de 2015 diversos grupos criminales perpetraron robos más elaborados. En abril de 2015, un comando armado robó 7 mil onzas de oro de la mina El Gallo 1 en Mocorito (Sinaloa) operada por la empresa McEven Mining. En febrero de 2019, la canadiense Telson Mining Corp denunció un complejo esquema de robo y transporte (en el cual estaban involucrados algunos choferes de camiones) de zinc y concentrados de plomo de la mina Campo Morado (Guerrero) con dirección al puerto de Manzanillo (Colima). En noviembre 2019, en la carretera Caborca-Sonoyta, cerca de Caborca (Sonora), hombres armados asaltaron un camión de valores y robaron 47 lingotes de oro, propiedad de Minera Penmont (subsidiaria de Fresnillo PLC). En abril de 2020, un comando irrumpió en la mina Mulatos, en Sahuaripa (Sonora), operada por Minas de Oro Nacional (filial de Alamos Gold) y robó un cargamento de doré para después huir a bordo de una avioneta. Semanas después, otro comando asaltó dos vehículos de seguridad privada que transitaban por una carretera que conecta con la autopista Caborca-Sonoyta cerca de Caborca, robando barras de oro y plata de una mina operada por Minera Penmont.
Además de estos robos, también se han reportado ataques armados en contra de activos y personal de compañías mineras. El hecho más reciente ocurrió en enero de 2023 cuando sujetos armados interceptaron tres autobuses que transportaban trabajadores de la Minera Penmont cerca de la estación Sahuaro, Caborca (Sonora), y les prendieron fuego. No hubo heridos en el incidente y las autoridades dijeron que el principal móvil fue la extorsión.
Hacia un nuevo esquema de producción criminal
Desde hace algunos años, el crimen organizado ya no solo es un actor criminal, pues se ha convertido en verdadero agente regulador de las relaciones sociales, económicas e industriales de las zonas donde opera, disputando al Estado, por medio de las armas y en su propio terreno, el monopolio legítimo de la violencia y el control de actividades económicas y sociales.
La pérdida de control territorial y social que ha venido experimentado el Estado a lo largo de los últimos años ha permitido el surgimiento de grupos armados cada vez más sofisticados que han parasitado al sector privado con esquemas complejos de lavado de dinero y extorsión. En 2017, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresaron a la mina El Pilón, operada por Minera el Pilón S.A. de C.V. (filial de First Majestic Silver Corp), ubicada en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños (Jalisco), cerca de la frontera con Zacatecas, y robaron material, oro y computadoras, aparentemente con información sensible sobre la operación de la mina. Para 2019, los concesionarios de la mina suspendieron sus operaciones debido a los constantes robos y amenazas por parte del CJNG. Desde 2021, el grupo criminal opera la mina con total impunidad en medio de una batalla legal por parte de los concesionarios para recuperarla.
Recientemente, en el Estado de México, la Fiscalía General del Estado (FGJEM) desmanteló en julio de 2023 una célula de La Familia Michoacana que operaba, mediante una empresa legalmente constituida, una mina de material de construcción ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso y que obligaba a empresarios de la construcción a comprarles el material.
El factor geográfico
Las empresas mineras se encuentran bajo constante presión de grupos criminales, lo que las expone a robos de material, maquinaria y vehículos, amenazas a sus trabajadores y proveedores de servicios, extorsiones, daños y ataques armados. Uno de los principales factores es que, por lo regular, operan en lugares remotos, lejos de los centros urbanos y de poder, y muy cerca de las principales rutas de tráfico ilegal que se disputan los principales grupos criminales.
“Las empresas mineras se encuentran bajo constante presión de grupos criminales”.
Debido a su ubicación geográfica, Zacatecas es el epicentro de un conflicto entre varios actores armados que se disputan el control de las zonas ubicadas a lo largo de las carreteras MEX 54 y MEX 49 que conectan con los principales centros industriales del norte del país, además de disputarse el control de estados fronterizos como Jalisco y San Luis Potosí, estos últimos con altos índices de homicidio y robo de carga. Minas como Peñasquito, de la estadounidense Newmont Mining Corporation, con una de las mayores producciones de oro y plata del país, Minera Saucito (Fresnillo PLC), La Colorada (Pan American Silver Corporation) y Mina El Compas (Endeavour Silver) son algunas de las que operan a lo largo de las principales rutas de Zacatecas.
Impacto
A raíz de la inseguridad, diversas empresas del sector han tenido que invertir hasta el 10% de sus ganancias en la contratación de servicios de seguridad privada, de acuerdo con señalamientos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM). Además, de acuerdo con testimonios de algunas empresas del sector, el pago de extorsiones para poder operar en zonas como Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guerrero y Durango eleva los costos de producción hasta en un 3% adicional, lo que implica el pago de un impuesto de facto sobre la industria.
Los elevados índices de violencia, que colocan al país como uno de los más riesgosos para el sector minero en América Latina, han tenido un fuerte impacto en las inversiones. De acuerdo con el Informe Anual 2022 de la Cámara Minera de México (Camimex) la inversión en 2022 se ubicó en los 4 mil 810 millones de dólares, un 40.19% menos que lo registrado durante 2012, precisamente cuando la inseguridad comenzó a afectar al sector.
Cabe resaltar que, en 2022, México fue el principal productor mundial de plata, además de ser un importante productor de oro, cobre, fluorita, grafito y estroncio. El país también cuenta con importantes yacimientos de litio en Sonora, precisamente una de las zonas más peligrosas para el sector. El desafío que representa el crimen seguirá siendo uno de los principales retos para las empresas mineras mexicanas y extranjeras, sus activos, operaciones y empleados.
Fuente: energiaadebate
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