Por Guillermo Huízar
El desarrollo del campeonato mundial de fútbol, además de la emoción natural que inunda a la sociedad mexicana, modifica temporalmente el foco de atención y altera la temática de la agenda nacional. Durante las próximas semanas, especialmente si la selección nacional avanza con solvencia, los problemas de seguridad y las dificultades económicas crónicas correrán el riesgo de percibirse menos graves, producto de un relajamiento colectivo artificial. Este compás de espera en la discusión pública resulta propicio para pausar por un momento el análisis de la coyuntura política y compartir una reflexión estructural sobre la verdadera capacidad de ejecución que posee el gobierno mexicano.
En el pasado reciente, la deliberación pública en el país giró casi exclusivamente alrededor de las ideas. Las campañas electorales ofrecían diagnósticos rigurosos; los gobiernos presentaban planes nacionales de desarrollo; los especialistas elaboraban propuestas; los organismos internacionales emitían recomendaciones y las fuerzas políticas aprobaban leyes y reformas. La política mexicana parecía concentrarse en una sola pregunta fundamental: qué hacer. Hoy, sin embargo, emerge una interrogante distinta, mucho más incómoda y pragmática: ¿cuenta el Estado mexicano con las herramientas institucionales para ejecutar aquello que la tecnocracia ya sabe que debe hacer?
Un país puede carecer de diagnósticos y fracasar por mera ignorancia. Pero también puede disponer de información estadística suficiente, reconocer con precisión la raíz de sus problemas y, aun así, permanecer atrapado en una inacción sistemática. En este segundo escenario, el desafío deja de ser un dilema intelectual o de diseño de política pública para convertirse en un estricto problema operacional.
Los ejemplos abundan y guardan un amplio consenso técnico. En materia de seguridad, es evidente la necesidad de fortalecer las policías locales y mejorar la inteligencia operativa. En infraestructura hídrica, los diagnósticos sobre la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de las redes de distribución llevan años acumulándose. La misma certeza existe respecto a las inversiones indispensables en generación y transmisión eléctrica , así como en los rezagos de educación, productividad y salud pública.
Este fenómeno se manifiesta con especial nitidez en las debilidades estructurales del sistema tributario. La recaudación fiscal continúa siendo crónicamente insuficiente para las necesidades de desarrollo, la informalidad encuentra incentivos económicos para expandirse, los gobiernos subnacionales mantienen una elevada dependencia financiera de la Federación y la evasión fiscal se ubica entre las más altas de los países miembros de la OCDE. Nada de esto es un descubrimiento reciente. El problema no radica en la falta de conocimiento técnico, sino en la economía política de su implementación: pocas administraciones están dispuestas a asumir el costo político inmediato que implica impulsar una reforma de gran alcance. El conocimiento existe, pero la ejecución permanece secuestrada por el cálculo electoral.
Históricamente, la calidad de los gobiernos solía medirse por la ambición de sus proyectos y el alcance de sus promesas. Hoy, la ciudadanía comienza a evaluarlos por un estándar mucho más elemental: su capacidad real para materializarlos. Las sociedades pueden tolerar errores de diseño, pero lo que difícilmente soportan de manera indefinida es la parálisis operativa. Cuando las decisiones se posponen, la inversión se detiene, los costos económicos aumentan y la confianza ciudadana se erosiona de forma irreversible.
Quizá la verdadera paradoja mexicana sea ésta: nunca habíamos entendido con tanta claridad nuestros problemas ni producido tantos estudios y estrategias y, sin embargo, persiste una sensación de inmovilidad estructural. Es como si el conocimiento avanzara más rápido que la capacidad de actuar. Los desafíos del futuro ya no serán una prueba de inteligencia colectiva, sino una estricta evaluación de capacidad estatal. En esa prueba no aprobarán las naciones que acumulen más diagnósticos, sino los gobiernos que demuestren ser capaces de ejecutar.
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