La empresa minera Camino Rojo de la transnacional canadiense Orla Mining, continúa con la construcción de la mina en esta zona, tiene avance del 50 por ciento y esperan comenzar a producir durante los primeros dos meses de 2022.
El Gerente General, Sergio Saenz, expuso que ya están en la etapa de construcción de la mina con un avance importante, además, al momento tienen cerca de 875 trabajadores en el campo para la construcción.
Estableció que el 50 por ciento es en la fase física y se proyecta terminar la construcción los primeros meses del próximo año, mientras que la planta de proceso y las instalaciones principales completas antes de terminar el 2021.
Si el proyecto avanza como se tiene establecido, Camino Rojo podría comenzar a producir los primeros dos meses de 2022; sin embargo, la producción del primer dorel y la primera fundición serán en diciembre de este año.
Comentó que se producirán cerca de 94 mil onzas al año por un periodo de 10 años y medio, y agregó que durante los primeros se producirá poco más, y con el avance del tiempo bajará la producción.
El gerente explicó que los permisos requeridos para la primera fase están aprobados, al tiempo que comentó que se completó un convenio con la minera Fresnillo PLC para poder tener acceso a una parte de su concesión y desde ahí alcanzar el mineral dentro de la concesión de Camino Rojo, con lo que crece 4 años de vida la mina, además de aumentar las reservas en un 54 por ciento.
Puntualizó que en esta fase se necesita completar el trabajo de campo y solicitar los permisos correspondientes.
Comentó que Fresnillo PLC tiene concesión en aquella zona, pero de momento está en proceso de explotación.
Con relación al tema del agua en la zona, Sergio Saenz dijo que es una de las principales preocupaciones para toda operación, por lo que expuso que se tienen las concesiones para el agua, así como los pozos, aunque aún no están en producción.
Abundó al decir que son zonas muy áridas y en donde hay población que sufre la carencia de agua, por lo que se trabaja en conjunto con la comunidad, además de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), para hacer un análisis y ver qué se puede hacer para apoyar, tal vez, a hacer otro pozo.
Sostuvo que aunque todavía no están en operación, deben de tener claridad sobre la obtención del agua y el impacto que esto genere, lo que se estableció gracias a los estudios hidrológicos, lo que garantiza que no habrá impacto en las comunidades.
Expuso que la preocupación con las comunidades viene, no desde la parte operacional, sino la parte social, la empresa se considera parte de la comunidad y formar parte de la solución a sus problemas.
Argumentó que aristas como el agua, el drenaje y el manejo de residuos son parte de sus planes de desarrollo hacia las comunidades, ya que siempre se enfocan en los rubros como la salud, la educación, la infraestructura y los servicios, ramas en las que siempre estarán dispuestos a colaborar, para lo que manejan presupuesto para eso.
En otro tema, respecto a los impuestos estatales como la emisión de gases, una vez que se inicie operaciones se pagará, pese a la discrepancia de opiniones entre la industria y el estado, pues éste último no se ha prestado a negociar, por lo que hay que pagarlo.
Agregó que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) es justamente para prever todo impacto, evitarlo, mitigarlo o compensarlo, por lo que se trabaja desde ya en implementar medidas para evitar impactos negativos y observar los positivos para maximizarlos y ejemplificó con la economía que se revitaliza.
Comentó que en cuanto a la plantilla laboral, una vez que entre en funciones será de aproximadamente 450 trabajadores; precisó que de los 875 que actualmente laboran en la construcción de la mina, 150 son de la comunidad, porque muchos de ellos no quieren trabajar de manera directa, por lo que se promueve la contratación de proveedores locales, como los camiones para la construcción ya que todos son del Sindicato Local de Transportistas.
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