Empresas mineras con activos en tierras indígenas en México enfrentan cada vez mayores riesgos, ya que comunidades envalentonadas buscan interrumpir las actividades en más minas y proyectos luego de un fallo judicial histórico.
El mes pasado, la Corte Suprema suspendió las concesiones del proyecto aurífero Ixtaca de Almaden Minerals en el estado de Puebla, luego de que la comunidad nahua de Tecoltemi solicitara una medida cautelar afirmando que los títulos no eran válidos porque no se consultó a la comunidad.
En su fallo, el tribunal dictaminó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de realizar consultas con los pueblos indígenas sobre actividades que puedan afectar sus vidas y su entorno, como la minería.
Este derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa está consagrado en la Constitución de México y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que el país ratificó en 1990, dijeron los jueces.
La decisión generó preocupación ante la posibilidad de que comunidades y ONG intenten detener otros proyectos e incluso minas que ya operan en terrenos similares.
“Las ONG han hecho eso en el pasado con litigios en otros tribunales, por lo que definitivamente usarán este fallo (…) en otros casos y tratarán de dirigirlos hacia esa misma dirección”, dijo Alejandra Soto, directora asociada de la oficina en Ciudad de México de la consultora británica Control Risks, en conversación con BNamericas.
Hay indicios de que los grupos ya planifican nuevas medidas, puesto que la ONG local Fundar calificó el fallo de gran importancia para las comunidades indígenas de todo el país.
Otro de los activos mineros en México en que grupos indígenas están pidiendo la detención de actividades es la mina de plata y oro San José, de Fortuna Silver en el estado de Oaxaca, ya que, según algunos indígenas de la zona, ha afectado sus derechos humanos.
SIN GARANTÍAS
Pero no hay garantías de que los casos en curso o futuros tengan un resultado similar al de Ixtaca.
Una sola resolución de la Corte Suprema no se convierte en ley ni en un precedente obligatorio, dijo anteriormente Jorge Ruiz, socio de Baker McKenzie México, a BNamericas.
Para convertirse en ley, el tribunal debe dictar cinco resoluciones continuas sobre el mismo asunto.
“Hay más espacio para cancelaciones de concesiones ahora con este fallo de la Corte Suprema porque hay otras causas litigadas que llevan un tiempo en otros tribunales”, indicó Soto. “No significa que todos los casos terminarán así, pero abre la puerta a nuevas causas como esta”.
El fallo de Ixtaca también muestra que el tribunal está dispuesto a enfrentarse a las mineras y fallar a favor de las comunidades indígenas y esta actitud refleja la postura de la administración del presidente Andrés López Obrador, quien a menudo critica abiertamente el historial social y ambiental del sector y promete priorizar a las comunidades.
La Corte Suprema “parece alinearse con los lineamientos del Ejecutivo de no gustarle algunos proyectos mineros y tener esta retórica sobre el respeto a las comunidades indígenas”, indicó Soto.
FALTA DE REGULACIONES
La situación es particularmente compleja para las mineras, dada la ausencia de un marco jurídico uniforme que establezca cómo debiera realizarse las consultas con las comunidades indígenas.
Una falta similar de regulaciones relacionadas con las consultas según el Convenio 169 llevó a la suspensión de minas en la vecina Guatemala. Tal es el caso de Escobal, mina de propiedad de Pan American Silver que produce principalmente plata y que está detenida desde 2017 a la espera de que concluya una consulta.
En México existe el riesgo de suspensiones similares, advierte Ruiz.
Otro elemento de incertidumbre deriva de los propios mecanismos de gobernanza de las comunidades indígenas, que pueden diferir de un lugar a otro, señaló Soto. “Hay muchos actores que se aprovechan de eso”, comentó.
La falta de claridad y estandarización sobre cómo se deben llevar a cabo las consultas ha dado lugar a que se impulsen proyectos mineros con un compromiso inadecuado con las comunidades y también con elementos dentro de las comunidades indígenas que sabotean las propuestas legítimas de los proyectos.
¿DETENCIÓN TEMPORAL?
Almaden ha sostenido que el fallo de la Corte Suprema es preliminar y que podría cambiar. Eso permitiría el restablecimiento de sus concesiones una vez que se complete una consulta.
La opinión es compartida por la cámara minera Camimex. “Una vez que cumpla con las razones por las cuales se declaran insubsistentes, pues quedarían nuevamente actualizados”, dijo el presidente de la cámara, Jaime Gutiérrez, en un webinar reciente organizado por la asociación de geólogos e ingenieros de minas AIMMGM.
Expertos jurídicos también coinciden en que las compañías cuyas concesiones se ven afectadas por sentencias similares están protegidas por el marco legal de México y podrían recurrir a revisiones, incluso a nivel constitucional, y apelaciones, además de interponer recursos de arbitraje internacional en algunos casos.
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