Al menos una decena de empresas mineras están presentando o preparando recursos contra las reformas a cuatro leyes mexicanas que entraron en vigor a inicios de mayo y que podrían afectar a la industria, dijo a BNamericas un experto legal con conocimiento del tema.
El plazo para presentarlos finaliza la próxima semana, según el jurista, que prefirió mantener su nombre en reserva.
“Hay muchas empresas que están ya preparando sus [recursos] 'amparos'. En este primer momento, son contra aquellas disposiciones que se llaman autoaplicativas que, por la sola entrada en vigor de la ley, ya son aplicables y, por tanto, representan un agravio”, manifestó el experto en una entrevista.
“Si por esas disposiciones autoaplicativas no presentas un amparo, como empresa pierdes tu derecho al conformarte”. Aseguró que “fácilmente” más de diez empresas están preparando amparos.
Bajo el nuevo marco legal, la duración máxima de las concesiones mineras se redujo de 100 a un máximo de 80 años, se supeditó el otorgamiento de concesiones a la disponibilidad de agua y se otorgaron derechos exclusivos de exploración al servicio geológico SGM u otras entidades federativas, entre otras disposiciones.
De un total de 167 empresas de capitales extranjeros con operaciones mineras en México al primer semestre de 2022, el 71,3% (119) tienen oficinas centrales en Canadá, según los datos sectoriales más recientes de la Secretaría de Economía.
CONCESIONES
Una de las disposiciones que podría causar perjuicios a algunas compañías se relaciona con la prórroga de concesiones.
Un artículo transitorio —que regula la migración de la antigua a la nueva legislación— del texto legal publicado en el Diario Oficial estipula que “las concesiones de exploración y explotación otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto tendrán la duración prevista en el título respectivo”.
Sin embargo, no se hace referencia a las prórrogas que, bajo la legislación previa, eran de 50 años, por lo que existe el riesgo de que, de no acogerse el amparo, una empresa con una concesión por expirar solo pueda prorrogarla por 30 años, como quedó establecido en la reforma.
“Lo correcto hubiese sido decir que se va a respetar la vigencia de las concesiones en vigor, incluidas las prórrogas”, planteó el experto.
“La reforma es omisa, dice que respeta el plazo original, no la prórroga”, advierte el abogado. “Ahora varias empresas van a presentar amparos contra disposiciones que consideran son autoaplicativas y no van a correr el riesgo de que, al entrar en vigor, pase el tiempo sin inconformarse”, agregó.
Otra disposición autoaplicativa contra la cual se están amparando las mineras es que, con la reforma, las solicitudes en trámite de nuevas concesiones de exploración y explotación se desestimarán en virtud de lo dispuesto por el presente decreto, según otro artículo transitorio.
El abogado explicó que, si una empresa ya tenía una solicitud en trámite desde hace tres años y fue el primer solicitante de un terreno libre, tenía derecho a la concesión bajo la legislación vigente en ese momento, pero durante el actual gobierno no se han entregado concesiones.
“No cabe duda de que el gobierno estaba en falta, independientemente de que [no otorgar concesiones] fuese tema de carácter político-ideológico y no tenga base jurídica”, señaló.
Fuente: BNamericas
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