Janet Kavinoky, vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Vulcan Materials Company, aseguró que la compañía no engañó al gobierno mexicano ni al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la extracción de piedra caliza que realiza la empresa Sac-Tun, antes Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo, pues nunca se llegó a un acuerdo para frenar los trabajos en el sitio.
“Es absolutamente falso que nosotros hayamos engañado al gobierno. Nosotros hemos sido abiertos y transparentes y honestos en todas nuestras negociaciones”, aseguró, en entrevista con MILENIO, la vocera de la compañía estadunidense, quien manifestó que los directivos de Vulcan se encuentran sorprendidos por el giro que dio la relación con el gobierno mexicano cuando el presidente instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurar el predio de La Rosita, pues nunca existió un acuerdo para dejar de explotarlo, sino que se encontraban en conversaciones para alcanzar un trato.
“No hubo acuerdo, sé que el secretario (Adán Augusto) López había dicho que había un acuerdo, pero esa no fue nuestra impresión. Estábamos trabajando para llegar a un acuerdo. Todavía quedaban algunas decisiones por tomar antes de que pudiéramos tener algo vinculante y en papel, pero sentimos que íbamos en esa dirección, y es por eso que el cierre fue una sorpresa”, dijo Kavinoky.
Además, la representante de Vulcan explicó que los terrenos en cuestión los han explotado desde 1986 porque son propiedad de la compañía y no forman parte de una concesión, y que, para operar ahí, lo que los rige son permisos que periódicamente se renuevan de manera legal por parte de los gobiernos federal y local.
“No tenemos concesiones. Una concesión sería si se nos permitiera operar en terrenos públicos o del gobierno, pero, a diferencia de las operaciones mineras, digamos, con oro, nosotros somos dueños de la tierra y somos dueños de las reservas de piedra caliza que hay en el suelo; lo que nos rige son los permisos que han sido renovados repetidamente por el gobierno”, explicó.
“La única concesión involucrada aquí es la concesión para operar la terminal de carga del puerto de Punta Venado”, precisó la funcionaria.
En su conferencia del 2 de mayo pasado, López Obrador anunció que procedería legalmente contra la empresa estadunidense Vulcan Materials por “burlarse” del gobierno y seguir explotando el banco de materiales, cuando se había llegado a un acuerdo de parar los trabajos para convertir esa zona en un centro turístico.
Al día siguiente, un operativo de la Profepa derivó en la clausura del predio de La Rosita.
Ante tal acción, Vulcan Materials ya inició una acción legal en un juzgado mexicano para enfrentar la clausura, pues, aseguró, que contaban con los permisos y los derechos para trabajar ahí.
Sin embargo, manifestó que la compañía continúa abierta al diálogo con el gobierno mexicano para poder llegar a un acuerdo que les permita seguir trabajando en la zona, pero también para transformar los terrenos en un proyecto ecoturístico.
“Esperamos que al gobierno todavía quiera hablar porque todavía estamos muy abiertos a continuar las conversaciones que estábamos teniendo. Pensamos que estábamos trabajando hacia un muy buen acuerdo de beneficio mutuo, que sería bueno para Vulcan ─que nos permitiera servir a nuestros clientes─ y para la comunidad de la región y para México en su conjunto”, dijo.
La funcionaria explicó que la compañía es propietaria de los predios de La Adelita, El Corchalito y la Rosita, el central, además del terreno en el que se ubica el puerto de Punta Venado.
En 2009 y 2017, los dos primeros fueron cerrados por las autoridades mexicanas.
Eso derivó en el procedimiento de arbitraje internacional, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en contra del gobierno mexicano, un pleito que se inició desde la administración pasada, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por el que se fijó una indemnización por aproximadamente mil 500 millones de dólares.
Sin embargo, Kavinoky aseguró que la compañía no busca el dinero, sino poder seguir trabajando en los terrenos que son de su propiedad y en los que siempre han operado con permisos.
Pese a cierre del último predio que seguían explotando, el de La Rosita, el puerto de Punta Venado, por el que sacan el material para trasladarlo a Estados Unidos, dijo que mantiene su concesión vigente, hasta 2037, para operarlo y con permiso actualizado, que le dio la autoridad de Aduanas en México en marzo, para importar y exportar materiales, pero precisó que en estos momentos no tienen ningún barco anclado.
“En todas esas discusiones de los últimos meses, hemos estado dispuestos a llegar a un acuerdo para tratar los temas del arbitraje, hemos estado abiertos a dialogar con el presidente de todo, desde transformar el terreno eventualmente en un sitio turístico hasta expandir el puerto en el terreno que nos pertenece e incluso a ayudar con materiales para el Tren Maya”, precisó.
Fuente: milenio.com
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