La cúpula empresarial lamentó que los partidos de mayoría hayan omitido un debate amplio sobre las modificaciones a leyes como la de minería y de ciencia y tecnología.
Tras la aprobación en fast track de 17 iniciativas de reforma durante este fin de semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reprobó que el Congreso “violara” el proceso legislativo, al no privilegiar el dialogo ni la inclusión de las fuerzas políticas en determinaciones públicas, las cuales representan un retroceso en la economía mexicana.
Las modificaciones a legislaciones como la de minería, aviación o ciencia y tecnología, entre otras, “afectan el ambiente de la atracción de inversiones, justo en el momento en el que México enfrenta el nearshoring para la consolidación de nuevas empresas”, afirmó el órganismo empresarial.
La organización había pedido al Congreso consensuar las reformas “para no afectar el desarrollo y la competitividad de nuestro país, fortalecer el Estado de Derecho, generar certidumbre y, principalmente, para evitar mayores impactos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)”.
Previo a la votación, el organismo empresarial advirtió que las iniciativas aprobadas contienen elementos que van en contra de prácticas comunes a nivel global sobre inversiones y desarrollo de negocios. Incluso, dijo, ponen en peligro el cumplimiento de los compromisos que el Estado mexicano ha adoptado con sus socios comerciales internacionales, tanto en la región de América del Norte como en el resto del mundo.
El CCE informó que dio seguimiento al proceso legislativo sobre el paquete de iniciativas que se aprobaron la semana pasada en el Congreso, debido al impacto social y económico que tendrán en el país. A través de un comunicado, el sector privado explicó que previo a la votación fast track, existió el ánimo de cooperación y coordinación por parte de los legisladores de todos los partidos; no obstante, reprobó que en los últimos días “no se respetara el proceso legislativo, pues no se privilegió el diálogo ni la inclusión de todas las fuerzas políticas para alcanzar un consenso en temas de trascendencia nacional”.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) afirmó que reformas aprobadas sin consenso repercutirán negativamente en la competitividad del país, como sucede en los casos de las modificaciones hechas a la ley de minería, a la de ciencia y tecnología o la del Insabi.
El organismo privado sostuvo que las modificaciones a la ley minera “generan un ambiente de incertidumbre y volatilidad que puede reducir la atracción de inversión y la competitividad del país”.
Además, la preferencia otorgada al Estado sobre el sector privado y los cambios incluidos generan conflictos potenciales con el T-MEC y los socios comerciales de México en América del Norte.
También, la reforma a ciencia y tecnología, la nueva ley aprobada podría tener implicaciones para el avance y desarrollo de las comunidades académicas y la innovación de México. “La Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se incorporan a la Junta de Gobierno de este Conacyt, manteniendo la tendencia de incorporar a las Fuerzas Armadas en funciones civiles”.
Fuente: eleconomista.com.mx
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