Tanto el decreto por el que, por causa de utilidad pública, se declara zona de reserva minera de litio la denominada Li-MX 1 en Sonora, como la creación del organismo público descentralizado denominado Litio para México, nacen en medio de una total incertidumbre, con contradicciones, ambigüedades y sin un proyecto claro, coincidieron expertos geólogos y abogados especializados.
Armando Alatorre, geólogo experto en minas y metalurgia, miembro del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, y Fernando Quesada, socio del despacho Cortés Quesada, coincidieron en entrevista en que el proyecto nace “amarrado de manos”, dado que por un lado se señala que la explotación del litio queda reservada al Estado y que no podrán participar el sector empresarial.
Pero que, de palabra, se prometen alianzas ya que, por otro lado, el Estado mexicano no cuenta con recursos, ni tecnología ni conocimientos respecto de la exploración, explotación y procesamiento, por lo que necesariamente requerirá del capital y la experiencia foránea.
Observaron que hay funcionarios que incluso han prometido iniciar actividades en el 2023, cuando la minería se refiere a proyectos de mediano y largo plazos.
Alatorre previó la posibilidad de que un pronto arranque de Litio México necesariamente tendría que ser con recursos empresariales y “litio importado”.
Por otro lado, si bien desde el más alto nivel de gobierno se habla de amparos, Quesada comentó que por tema de confidencialidad no se puede profundizar en el tema, pero que no se puede dudar que incluso ya haya suspensiones otorgadas.
De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a acciones legales al señalar que “no van a poder con sus controversias en el Poder Judicial, el litio es de la nación”.
Sin embargo, hasta el momento nadie menciona nombres concretos de quejosos específicos; pero no se descartan acciones legales, no precisamente para amparar una zona de litio, dado que según Alatorre las concesiones otorgadas o en proceso pueden referirse a minerales que “pudieran estar bajo el terreno concesionado” incluyendo litio.
DIFICULTADES
Por lo anterior, observó que el decreto atentaría en contra de concesiones ya otorgadas o en proceso que, en área autorizada pudiera haber litio y por lo que se empatarían contradictoriamente proyectos en marcha con la limitación de no tocar ese metal.
Según el decreto respectivo, el litio en México no podrá ser explotado por extranjeros y de ahí que quedó reservada un área de 230 mil hectáreas que se ubica en los municipios de Arivechi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nácori Chico, Sahuaripa y Bacadéhuachi, y se habla de 36 autorizaciones y 8 proyectos.
Por José de J. Guadarrama
Fuente: dineroenimagen.com
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