La posible revocación de las concesiones por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para desarrollar el proyecto de mina Ixtaca en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, desalentará la llegada de nuevas inversiones a la entidad y al país; además, sentará un precedente negativo porque, a pesar del trabajo de dos décadas, las reglas pueden cambiar para las empresas en cualquier momento.
Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, filial de la firma canadiense Almaden, comentó que en la Sierra Norte de Puebla se busca desarrollar el primer proyecto en potencia de mina metálica, en particular, para la extracción de oro y plata.
En entrevista para MILENIO Puebla, el directivo de la firma minera destacó que, a lo largo de 20 años de investigación y exploración, ya se invirtieron 40 millones de dólares, y ahora el proyecto está en riesgo en caso de que el tribunal superior del país conceda el amparo al ejido Tecoltemic, que se ubica a más de ocho kilómetros de donde se desarrollaría la mina, es decir, fuera del área de influencia de la mina, definida por un radio de un kilómetro.
El desarrollo de una mina en la Sierra Norte de Puebla generaría un impuso económico porque se realizará una inversión inicial para la construcción y preparación de sitio de más de 174 millones de dólares; además, durante la vida útil se invertirían más de mil 100 millones de dóalres.
“La mina sería la única empresa en Ixtacamaxtitlán, a 30 kilómetros está la Ciudad Industrial Xicohténcatl, en la zona de transición con Tlaxcala. El proyecto contempla la generación más de 600 empleos para la construcción y 420 para la operación. En la zona, se reactivaría la economía con comercio, hostelería, hospedaje”, apuntó.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el amparo presentado por el ejido Tecoltemic, ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para revocar la concesión a la Minera Gorrión, filial de la firma canadiense Almaden Minerals.
Tras dos postergaciones, los ministros del máximo tribunal del país, Ana María Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Peña Hernández, programaron analizar el caso para este miércoles 16 de febrero.
De acuerdo con el documento que preparó el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el proyecto que presentará para su análisis en la sesión, se establece la defensa constitucional de la Ley Minera y ordena a la Secretaría de Economía del gobierno federal dejar “insubsistentes” los títulos de concesión otorgados a Minera Gorrión.
Para el vicepresidente de Minera Gorrión, la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en caso de aprobarse, dejaría “insubsistentes” los títulos de la mina y, aunque la Ley Minera no lo ordena, debieron ser sometidos a una consulta previa sobre posibles impactos. Luego, hasta que no haya consulta, la minera pierde sus concesiones, con todo lo que eso implica en materia de derechos adquiridos y freno a la inversión.
“El problema no es hacer o no una consulta. Más bien, el asunto es ¿cuándo? Uno de cada mil proyectos de exploración se convierte en mina. Luego, ¿sobre qué se va a consultar al otorgar una concesión si no se tiene certeza de que se pueda desarrollar una mina? No se puede definir el posible impacto de un proyecto que no existe. ¿A quién se consultará? El proyecto de sentencia no define quién debe ser consultado. ¿Sólo los quejosos? ¿Y quién escucha a los que están a favor? El proyecto del ministro no dice qué metodología debe llevarse a cabo, ni siquiera qué autoridad debe realizar la consulta. Y estas preguntas surgen porque la Ley Minera no estipula la consulta para la otorgación de concesiones”, destacó.
Fuente: milenio.com
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