El sector privado tiene que hacer una minería ambientalmente sostenible y socialmente incluyente, de cero accidentes fatales, sin desastres ambientales ni generar conflictos sociales. La carga fiscal es un factor negativo desde el punto de vista de las inversiones, porque es relativamente alta, pero el gobierno está satisfecho con ella y que los inversionistas vengan a México sabiendo que pagarán más impuestos, pero con todas las ventajas que tiene por otros factores de competitividad.
Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, informó lo anterior y dio a conocer que las concesiones mineras activas representan sólo cuatro millones de hectáreas, o sea, poco más de dos por ciento del territorio nacional y después de realizar una revisión, las concesiones totales disminuyeron de 25 mil a 21 mil, que representaron una reducción de 21 millones a 16 millones de hectáreas,
Por otra parte, anunció que la presente administración acabó con el rezago de 21 mil trámites pendientes en la industria minera, porque abren la oportunidad a la corrupción y se han denunciado intentos de intimidación para solucionar algunos expedientes, pero se recuperó el carácter de la autoridad para no someterse a ningún intento de extorsión.
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Al rendir un amplio informe de la situación de la industria minera a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, indicó que el Gobierno Federal pide al sector privado que su participación en ese sector implica el cumplimiento de sus obligaciones, como pagar sus impuestos en tiempo en forma.
Aceptó que en la industria minera la carga fiscal es relativamente alta, pero México no quiere competir con precio, con costo, sino producir con valor y que los inversionistas vengan por otros factores, como el blindaje social, el costo y la disponibilidad de financiamientos. Expuso que el país está rankeado competitivamente en el entorno que ofrece a la atracción a la inversión.
Destacó que la minería tiene que hacer un desarrollo incluyente con las comunidades, con un deslinde de prácticas extractivistas que pudieron existir hace 400 o 20 años, sino que es preciso impulsar una transparencia, consulta e incorporación de las comunidades en los proyectos del sector.
El funcionario explicó que las autoridades trabajan en las concesiones omisas, que presentan retrasos en sus pagos o están ociosas, que no tienen proyectos productivos detrás de ellas y no tienen información disponible o bases de datos inconsistentes.
“Las concesiones activas representan cuatro millones de hectáreas, aquellas que tienen algún tipo de operación minera, eso es un poco más de 2 por ciento del territorio nacional y las obras dentro de las concesiones representan un poco más de 200 mil hectáreas, es decir 0.1 por ciento del territorio nacional”, expuso.
Quiroga Fernández explicó que normalmente una concesión minera fluctúa entre mil 500 y dos mil hectáreas y las obras de las empresas ocupan entre 10 y 20 hectáreas, que representan menos de 1 por ciento de cada concesión.
Enfatizó que la industria minera está altamente regulada, por más de 500 leyes, normas y permisos de los tres órdenes de gobierno, que se traducen en mil 77 trámites que deben cumplirse para que las empresas puedan operar.
Dio a conocer que las autoridades trabajan en la seguridad y salud laboral, para evitar fatalidades y cada vez que se produce un accidente el sector minero investiga las causas raíz para evitar ocurran más fatalidades.
Planteó que las autoridades federales dan seguimiento a la conciliación de conflictos entre concesionarios, sindicatos, ejidos y otros actores, para que se llegue a acuerdos dentro de la ley.
“En el tema laboral. Estamos trabajando con los grandes sindicatos, con los trabajadores, para que sean un factor de competitividad e innovación y no haya interrupciones a la continuidad operativa”, indicó.
El subsecretario de Minería aseveró que los salarios en todo el sector son 39 por ciento superiores al promedio de la economía formal, en tanto que los pagados en el subsector minería metálica son 74 por ciento mayores.
Mostró fotos de remediaciones ambientales en minas de México y el mundo e informó que el compromiso de las empresas es dejar los sitios ocupados en mejores condiciones en que las anteriores a su presencia. Agregó que el uso del agua es a circuito cerrado con líquido tratado y no potable.
Mencionó que se da apoyo a los pequeños productores que cumplan con todas sus obligaciones fiscales y patronales, con el Fideicomiso de Fomento Minero.
Fuente: Enlace con prensa
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