Vulcan Materials Company calificó de ilegal la clausura de las instalaciones de uno de los predios de Sac-Tun, antes Calica, su compañía filial en Solidaridad, Quintana Roo, pues aseguró que cuenta con los permisos necesarios para operar su banco de materiales.
“La empresa cree firmemente que esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La empresa cuenta con los permisos necesarios para operar y tiene la intención de seguir enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar sus operaciones”, respondió en un comunicado luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó del cierre.
La mañana del viernes, la Semarnat informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las operaciones de la empresa Calica, luego de que este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que procedería legalmente contra ella por “burlarse” del gobierno y seguir explotando el banco de materiales cuando tenían un acuerdo convertir esa zona en un centro turístico.
En su comunicado, Vulcan Materials Company dio a conocer que funcionarios del gobierno mexicano se presentaron inesperadamente a los empleados locales de Vulcan Materials Company con órdenes de cierre arbitrarias para cesar inmediatamente las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas en su filial Sac-Tun.
Informaron que, en la actualidad, la empresa tiene la capacidad de exportar inventarios disponibles para su envío desde el puerto. En marzo, Vulcan recibió su permiso aduanero rutinario de tres años, lo que permitió a la empresa seguir prestando servicios a sus clientes.
Vulcan Materials argumentó que lleva más de 30 años extrayendo piedra caliza legalmente en México, en terrenos de su propiedad.
“Vulcan tiene derecho a mantener la plena propiedad de sus terrenos, es dueña de las reservas de caliza en las mismas, y cumple y ha cumplido siempre con la legislación mexicana, incluyendo las leyes y permisos que regulan sus operaciones desde las que damos servicio a nuestros clientes tanto en México como en el extranjero”, afirmó.
Además, recordó que, desde finales de 2018 ha participado en un arbitraje del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México por la negativa del gobierno a un acuerdo para desbloquear una parte de las reservas de agregados de Vulcan en el territorio nacional, y el cierre arbitrario de una parte de las operaciones de canteras de la compañía en ese país.
Dijo que en julio de 2021 se celebró una audiencia y se espera una decisión en el segundo semestre de 2022.
“Vulcan ha seguido colaborando con los funcionarios del gobierno para buscar una solución amistosa al conflicto mientras espera la resolución final del tribunal del TLCAN”, precisó.
Permisos vigentes
Sac-Tun, antes llamada Calizas Industriales del Carmen (Calica), es una empresa filial de la firma estadunidense Vulcan Materials Company, que llegó a México en 1987 en sociedad con Grupo ICA.
En el municipio de Solidaridad, a unos metros de la costa del Mar Caribe, la empresa posee al menos cuatro predios para la explotación de la piedra caliza: La Rosita, La Adelita, El Corchalito y Punta Venado.
Del predio La Rosita, Vulcan extrae y procesa piedra caliza desde 1987 y lo hace mediante un permiso que se encuentra totalmente vigente, pues su concesión es ilimitada. Este fue el predio que la Profepa clausuró el pasado 5 de mayo.
La Adelita y El Corchalito fueron adquiridos en 1996 para la extracción de piedra caliza y han estado regulados por dos autorizaciones de impacto ambiental, una estatal, que se ha renovado tres veces y otra federal. Sin embargo, la compañía no está́ extrayendo materiales ni de La Adelita ni de El Corchalito, pues de la primera está prohibido, debido a que, en el 2009, el municipio de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Solidaridad, con el que se prohibió explotarlo; mientras que El Corchalito fue clausurado indefinidamente por la Profepa en 2018.
Por estos predios es que la empresa promovió un proceso de arbitraje internacional en el que demanda el pago de mil 500 millones de dólares, amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Del predio de Punta Venado, que está a la orilla del mar y en el que se encuentra el muelle, la empresa exporta piedra caliza; esa terminal marítima opera conforme a una concesión valida hasta el año 2037.
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